Casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa, cerca del 20% del territorio de Ucrania se encuentra bajo dominio de Moscú. En estas áreas, que abarcan las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia, entre 3 y 5 millones de personas enfrentan serias dificultades relacionadas con la vivienda, el acceso al agua, la electricidad, la calefacción y la atención médica.

El propio presidente ruso, Vladimir Putin, ha admitido la existencia de "problemas verdaderamente preocupantes y urgentes" en estas regiones, que fueron anexadas de manera ilegal tras el estallido del conflicto en febrero de 2022. Además de los problemas estructurales, los residentes viven bajo la presión de una fuerte imposición cultural y lingüística rusa, que se refleja en los sistemas educativos y en el uso del idioma en la vida cotidiana.

La situación se vuelve aún más crítica para aquellos que son vistos como simpatizantes de Ucrania. Muchos testimonios de ucranianos que han escapado revelan un clima de miedo, con casos de encarcelamiento, tortura y asesinatos documentados por activistas de derechos humanos. Según Oleksandra Matviichuk, directora de un centro de derechos civiles, Rusia ha instaurado una extensa red de detenciones secretas, donde miles de civiles ucranianos permanecen atrapados y sin cargos en su contra.