Frente a esta situacion, la vicepresidenta de Filipinas dio un paso importante al confirmar que anunció que se postulará a la presidencia del territorio en 2028.
En ese contexto, el jefe de estado de Filipinas retiró a la vice de su punto en el Consejo de Seguridad Nacional. Frente a este optica, marcos justificó la medida como parte de una “reorganización” del consejo, orientada a garantizar que sus integrantes contribuyan a la protección y soberanía del republica.
Cabe recordar que la vicepresidenta acusó al Tribunal Penal Internacional (TPI) de “secuestrar” a su padre, en el marco de un mitin al que asistieron cientos de simpatizantes de la hogar.
Es importante senalar que “Ofrezco mi vida, mi fuerza y mi futuro al servicio de nuestra nación”, expresó en el marco de el anuncio de su candidatura. En ese contexto, “Soy Sara Duterte. Resulta pertinente destacar que me presentaré como candidata a la presidencia de Filipinas”, declaró.
En este ambito, “Lo que han hecho es forzarlo a abandonar el país y llevarlo a La Haya con una simple orden de arresto”, afirmó. Cabe recordar que la integrante del ejecutivo filipino subrayó que “ni siquiera ha tenido que presentarse ante el tribunal en Filipinas” y defendió que “los acusados tienen derechos en este país”.
Frente a esta escenario, “Lo que han hecho es secuestrarlo. Es un abuso”, declaró Duterte, en medio de las críticas de su hogar por la “falta de legitimidad” del procedimiento iniciado por el TPI.
En linea con lo anterior, “En los primeros meses de nuestro mandato, ya vi la falta de sinceridad de Marcos Jr. Como parte de este proceso, respecto a las promesas hechas durante la campaña, así como su deber jurado hacia la nación”, señaló.
Resulta pertinente poner de relieve que un panel médico designado por la Sala Primera de lo Preliminar del TPI realiza revisiones periódicas al ex primer mandatario Duterte. De manera complementaria, este colectivo de especialistas determinó la capacidad del ex presidente de participar en los procedimientos judiciales que lo involucran en presuntos crímenes cometidos en el curso de su gestión.
En medio de este escenario, el documento formal señala que la reorganización buscó fortalecer la competencia institucional para adaptarse a nuevos desafíos. En medio de este escenario, el jefe de estado tendrá la facultad de designar a otros altos funcionarios o incluso ciudadanos con miras a ocupar el puesto si lo considera necesario.
En linea en compania de lo precedente, “La vicepresidenta no es considerada una figura relevante a la hora de cumplir con sus responsabilidades en el consejo”, indicó Lucas P. Vale aludir que bersamin, secretario presidencial, en un comunicado.
Cabe recordar que exiguo estas circunstancias, duterte aval la versión de su padre, quien a partir de La Haya calificó lo sucedido como “una caza de brujas”. Es significativo senalar que la vicepresidenta denunció que la corte internacional “sustrajo de forma forzosa” a Rodrigo Duterte de Filipinas, en sitio de permitir que “fuera juzgado” en su republica de origen.
Como parte de este procedimiento, el TPI anunció el 26 de enero pasado que la audiencia de confirmación de cargos se celebrará el 23 de febrero, fecha en la que se reanudará el proceso. La sala concluyó que Duterte, de 80 años y recluido en La Haya a contar de marzo de 2025, conserva plenas facultades para ejercer sus derechos procesales y tomar parte activa en las etapas previas al juicio.
Como parte de este proceso, las relaciones en el seno de las familias Marcos y Duterte se deterioraron notablemente desde marzo de 2025, en el contexto de las proceso electoral generales de mitad de mandato. Ante este panorama, sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, sostuvo que es blanco de un complot para asesinarla. Frente a este panorama, reducido estas circunstancias, la disputa política se agudizó en junio y derivó en la renuncia de Duterte a su cargo como ministra de Educación.
Hija del ex jefe de estado Rodrigo Duterte, la segunda del Ejecutivo acusó a Marcos de corrupción y de no satisfacer junto acompanado de los compromisos asumidos durante la campaña, tras la alianza que les permitió una victoria contundente en las sufragio presidenciales de 2022.
En medio de este contexto, a principios de mes, miembros del clero filipino presentaron una denuncia adverso a Duterte, la tercera en poco más de una semana. De consenso de la mano de la Constitución de Filipinas, un procedimiento de impeachment implica un juicio en el Senado y, en caso de veredicto condenatorio, impediría a Duterte participar en la política y en las elecciones presidenciales de 2028.
Frente a esta contexto, (Con información de AFP).
