El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha expresado una vez más su desacuerdo con las directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil en relación con el llenado de los formularios E-14 para las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo de 2026. Petro ha señalado que el sistema informático proporcionado por la empresa Thomas Greg & Sons presenta riesgos de fraude y corrupción, lo que ha encendido el debate sobre la transparencia del proceso electoral.

El mandatario cuestionó la fiabilidad del software utilizado para la transmisión y el conteo de los votos, argumentando que es peligroso que una empresa privada administre las bases de datos electorales del país. Según él, la posibilidad de que un candidato presidencial y los dueños de la firma tengan un acuerdo podría resultar en la manipulación de los resultados. Además, advirtió que el software problemático no solo se aplica a nivel nacional, sino también en municipios y departamentos, lo que podría afectar la integridad del proceso electoral.

Las declaraciones de Petro han sido interpretadas por la oposición como una intromisión inapropiada que socava la confianza en la democracia. En respuesta, David Luna, candidato presidencial, ha solicitado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas que realicen una veeduría internacional del proceso electoral colombiano. Luna argumenta que las afirmaciones del presidente sin evidencia dañan la credibilidad del sistema electoral y subraya la importancia de fortalecer las instituciones para proteger la democracia.