Cuatro organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch (HRW), presentaron una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos para cuestionar la validez de las sanciones impuestas por la Administración Trump contra jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional (TPI).
La acción fue radicada ante el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, el Centro de Derechos Constitucionales, Human Rights Watch y el Instituto para una Sociedad Abierta, integrante de las Fundaciones de la Sociedad Abierta. En un comunicado conjunto, las entidades calificaron las medidas de “ilegales”.
Las organizaciones sostienen que las sanciones vulneran los derechos de las personas que realizan tareas humanitarias, protegidos por la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. También argumentan que las disposiciones exceden las facultades del presidente y que fueron justificadas mediante una “pseudoemergencia nacional” sin “base jurídica”.
La ofensiva del Gobierno estadounidense contra el TPI se intensificó después de que el tribunal, con sede en La Haya, emitiera en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. Ambos fueron acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva sobre la Franja de Gaza, iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
