España enfrenta un escenario crítico en relación a sus infraestructuras. Luego de un período de significativa inversión pública durante los primeros años del siglo XXI, el país ha entrado en una fase prolongada de recortes que ha dejado sus redes en un estado de obsolescencia y vulnerabilidad. Un reciente estudio, titulado "La economía de las infraestructuras en España: realidad, retos y recomendaciones", coordinado por Ginés de Rus y Carlos Ocaña, pone de manifiesto esta preocupante situación.
Los autores del informe subrayan que las infraestructuras son fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar social de la nación. Cuando estas fallan, las repercusiones son inmediatas y costosas. Por lo tanto, la inversión en este sector no solo es necesaria, sino que debe ser estratégicamente planificada para garantizar resultados positivos. El informe destaca ejemplos de sobreinversión en algunos proyectos, mientras que otros, como las infraestructuras hidráulicas y el mantenimiento de redes de transporte y energía, presentan déficits alarmantes.
Desde el año 2000 hasta la crisis financiera de 2008, España se posicionó como uno de los países europeos con mayor inversión en infraestructura, superando la media de la Unión Europea. Esta fase permitió la creación de una extensa red de transporte y energía, mejorando la conectividad y favoreciendo el crecimiento económico. Sin embargo, tras la crisis, la inversión pública se redujo drásticamente, y este ajuste no solo detuvo nuevos proyectos, sino que también comprometió la operatividad de las infraestructuras existentes. La falta de recursos ha debilitado la resiliencia del país ante fenómenos extremos, aumentando el riesgo de apagones, sequías y ciberataques, lo que representa un desafío significativo para el futuro.
