Colombia se alista para una serie de elecciones cruciales en 2026, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a los miembros del Congreso y al nuevo presidente que sucederá a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto. En este contexto, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia han lanzado una iniciativa que ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura y condena de quienes cometan delitos electorales.
La campaña, denominada "Seguridad y Democracia 2026," tiene como objetivo reforzar la confianza pública en el sistema electoral y fomentar la participación activa de la ciudadanía en la protección de la democracia. Entre los delitos que se persiguen se incluyen la violencia y amenazas hacia los votantes, la compra de votos, así como el fraude y la suplantación, todos actos que amenazan la legitimidad del proceso electoral y los derechos de los ciudadanos.
Para facilitar las denuncias, se ha habilitado la línea 157 anticorrupción, disponible las 24 horas del día en toda Colombia, junto con un correo electrónico para recibir reportes. Según el abogado Antonio Parra, docente de la Universidad de La Sabana, es crucial que los ciudadanos conozcan las legislaciones existentes, como la Ley 1864 de 2017 y el Código Penal, ya que las sanciones por estos crímenes pueden incluir penas de prisión de hasta 12 años, dependiendo de la gravedad del delito y si involucra a servidores públicos o recursos del Estado.
