La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha solicitado a las juntas directivas del Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular que refuercen la independencia y la capacidad de respuesta de sus contralorías de servicios. Esta recomendación surge como respuesta al aumento alarmante de estafas digitales y fraudes informáticos, y aboga por cambios normativos y estructurales para proteger a los consumidores financieros, en un contexto donde la actual legislación es considerada insuficiente.

Un informe reciente de la Defensoría señala que los reclamos por fraudes y deducciones no autorizadas en el sistema bancario demoran más de 120 días en su fase recursiva. Esta situación pone de manifiesto uno de los principales desafíos en la defensa de los usuarios: los retrasos en los trámites internos de los bancos estatales, lo cual afecta la eficacia de las contralorías de servicios.

Además, la investigación revela la falta de una regulación específica que brinde garantías adecuadas a los clientes del sistema bancario público en casos de delitos cibernéticos. La Defensoría enfatiza que, según la normativa actual, las contralorías tienen la responsabilidad no solo de gestionar quejas, sino también de actuar como mediadoras en la defensa de los derechos de los usuarios. Por ello, se sugiere que estas contralorías sean adscritas directamente a la Gerencia General y cuenten con los recursos necesarios para operar de manera eficiente y autónoma.