La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado una sentencia en contra del Estado peruano por la muerte de Celia Ramos, quien fue víctima de un programa de esterilizaciones forzadas implementado durante el régimen de Alberto Fujimori entre 1990 y 2000. Este fallo, dado a conocer desde San José, Costa Rica, marca un hito al ser el primer caso relacionado con ligaduras de trompas sin consentimiento en el país que es analizado por este tribunal.

Celia Ramos, una mujer de 34 años originaria de la región de Piura, acudió en 1997 a un centro de salud buscando atención dental, pero fue coaccionada para someterse a una intervención quirúrgica que resultó en su fallecimiento. La familia no recibió información adecuada sobre su estado de salud, y aunque su esposo presentó una denuncia tras los 19 días que permaneció hospitalizada, las autoridades decidieron archivar el caso calificándolo como un accidente, cerrando el proceso mediante una conciliación extrajudicial.

La Defensoría del Pueblo del Perú cuestionó esta decisión, señalando que la muerte de Ramos estaba vinculada a la intervención. A lo largo de los años, se ha documentado que entre 1996 y 2001, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del régimen de Fujimori esterilizó a más de 270.000 mujeres, muchas de ellas de manera coercitiva y sin el debido consentimiento informado. La reciente resolución de la Corte IDH concluyó que el Estado peruano violó múltiples derechos de la víctima y su familia, incluidos el derecho a la vida y la salud, y subrayó la falta de una investigación adecuada tras su muerte.