La Corte Constitucional de Colombia ha decidido eliminar una norma que obligaba a los abogados a demostrar la legalidad de los honorarios que recibían por defender a personas acusadas de delitos relacionados con grupos criminales.

Esta resolución surge a raíz de una demanda presentada por Ricardo Giraldo, un reconocido abogado penalista en el país, quien es conocido por su representación legal de miembros del Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo. La norma en cuestión, el artículo 340A del Código Penal colombiano, condicionaba la labor de defensa técnica a la verificación del origen lícito de los pagos recibidos por los letrados.

Según la legislación, los abogados solo podían ejercer su defensa si probaban que los honorarios no provenían de actividades ilícitas. Sin embargo, la Corte consideró que esta obligación generaba una carga probatoria que corresponde únicamente a las autoridades judiciales, como la Fiscalía. La Corte remarcó que este tipo de requerimiento violaba el principio de presunción de inocencia, al colocar sobre los abogados la responsabilidad de validar sus ingresos antes de que pudieran realizar su trabajo de defensa.