El próximo jueves, el Congreso español se prepara para una nueva votación en la que los partidos PP, Vox y Junts tienen la intención de rechazar la extensión del decreto que protege a las familias vulnerables de desahucios, una medida que forma parte del denominado "escudo social". La propuesta, que busca prolongar esta protección hasta fin de año, enfrenta la resistencia de Junts, que liderado por Miriam Nogueras, argumenta que la moratoria es injusta para los pequeños propietarios.

A pesar de que esta normativa excluye a quienes poseen una o dos viviendas de la responsabilidad sobre la alternativa habitacional de sus inquilinos, Junts se muestra firme en su postura. La reciente modificación al decreto introduce excepciones que favorecen a grandes tenedores y fondos de inversión, lo que ha generado críticas por parte de los nacionalistas vascos, quienes habían solicitado que los pequeños propietarios no fueran incluidos en esta situación, sin importar la vulnerabilidad de los inquilinos.

El Gobierno, anticipando el rechazo de Junts, planea presentar el decreto nuevamente en el Consejo de Ministros. En paralelo, se discutirá otro decreto que contempla la revalorización de pensiones, el cual se espera sea aprobado sin oposición, dado el acuerdo entre PP, Vox y Junts. Este aumento, que se proyecta para 2026, beneficiará a millones de pensionistas, aunque su implementación dependerá de la aprobación de la normativa en su conjunto.