El Gobierno colombiano ha fijado el salario mínimo para 2026 en $1.750.905, sumando un auxilio de transporte de $249.095, lo que eleva el ingreso mensual a $2.000.000 para aproximadamente 2,4 millones de trabajadores. Este incremento del 23,7% es el más significativo en varias décadas y ha desatado intensos debates acerca de su viabilidad y repercusiones en la economía y el mercado laboral del país.
El sector privado se muestra preocupado por el desafío que representa este aumento en términos de productividad y gestión de recursos. Felipe Delgado, director de Michael Page Colombia, indicó que la alta rotación de personal y la falta de compromiso reflejan la necesidad de redefinir las propuestas laborales. Según él, los trabajadores buscan oportunidades de desarrollo profesional, bienestar integral y un balance adecuado entre la vida personal y laboral.
Un informe de la consultora internacional de reclutamiento revela que solo el 4% de las empresas planea aumentos salariales superiores al 10% para aquellos que perciben más de un salario mínimo, a pesar de que la inflación alcanzó el 5,10% en 2025. El 55% de las compañías prevé ajustes moderados, mientras que un 33% aún evalúa su capacidad para implementar cambios en los sueldos, y un 7% ha decidido no realizar aumentos. En este contexto, el 37% de los empleadores considera que sus salarios son competitivos dentro de su sector.
La decisión del Ejecutivo ha generado controversia tanto jurídica como económica, ya que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que establecía el nuevo salario mínimo, solicitando más justificación sobre productividad, inflación y crecimiento económico. Aunque el ajuste ha sido recibido como un avance para los trabajadores formales, persiste la incertidumbre sobre su impacto a largo plazo en el mercado laboral y las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores, especialmente considerando que el 48,9% de los ocupados en 2025 ganaron menos del salario mínimo legal.
