A menos de tres semanas de las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo de 2026, el debate en torno a los comicios no solo se centra en las reformas legislativas que se abordarán en el próximo cuatrienio, sino también en los candidatos que buscan ocupar un lugar en el Capitolio, muchos de los cuales enfrentan procesos judiciales.
Un informe elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) revela que de los 3.144 candidatos oficialmente inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, al menos 195 tienen cuestionamientos judiciales o disciplinarios graves. Esta cifra incluye a 78 aspirantes al Senado, 111 a la Cámara de Representantes y seis en curules especiales, destacando que la mayoría de estos casos proviene de partidos tradicionales como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical, aunque también hay representantes de fuerzas alternativas.
Entre los casos más notorios se encuentra el escándalo relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucra a congresistas presuntamente implicados en un intercambio de votos a cambio de contratos y recursos para sus regiones. Varios candidatos, como Wadith Manzur y Julio Elías Chagüi, enfrentan investigaciones en la Corte Suprema y otros organismos, aunque hasta el momento no cuentan con condenas firmes. Asimismo, César Lorduy, aspirante al Senado, ha sido vinculado a un caso de homicidio de 1979, mientras que el senador José Vicente Carreño, que busca la reelección, es señalado por supuestos lazos con estructuras paramilitares, ambos negando cualquier irregularidad.
El informe también destaca la presencia de candidaturas promovidas por clanes políticos cuyos líderes han sido condenados por parapolítica o corrupción. Entre ellos se encuentran Milena Flórez, esposa del exsenador Musa Besaile, y Yamil Arana, cercano al clan Blel, además de Claudia María Pérez, vinculada al exsenador Eduardo Pulgar. Asimismo, se identifican al menos 41 candidatos que podrían estar inhabilitados por haber gestionado contratos con el Estado, lo que añade una capa más de complejidad al panorama electoral que se avecina.
