La Abogacía General de la Unión (AGU), el organismo que representa legalmente al Ejecutivo brasileño, solicitó la intervención de la Policía Federal (PF) y de la Fiscalía General de la República (PGR) para investigar una presunta financiación estadounidense destinada a interferir en las elecciones de Brasil y a deslegitimar al Supremo Tribunal Federal (STF).

El pedido se produjo en medio de nuevas acusaciones de presión y ataques atribuidos a la Administración de Donald Trump contra Brasilia. Según la información que motivó la presentación, fondos del área de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos podrían ser desviados hacia iniciativas en distintos países, entre ellas una campaña contra el máximo tribunal brasileño.

La AGU calificó esos datos como “especialmente graves” y advirtió sobre sus posibles consecuencias institucionales. “De comprobarse, la recepción de capital extranjero para promover ataques organizados y sistemáticos contra la soberanía nacional y el funcionamiento de las instituciones del Sistema de Justicia brasileño, mediante la instrumentalización de fondos internacionales desviados de su propósito original de proteger los Derechos Humanos, podría revelar una estructura de injerencia externa en los asuntos internos del Estado brasileño”, señaló el organismo en un comunicado.

La Abogacía del Estado recordó que la legislación brasileña protege la libertad de expresión y el derecho legítimo a la participación política, aunque planteó la necesidad de esclarecer si esos recursos fueron utilizados para coordinar acciones contra las instituciones del país. La solicitud ante la PF y la PGR busca determinar el origen y el destino de los fondos, así como establecer si existió una estructura de injerencia extranjera en asuntos internos de Brasil.