El exjuez Baltasar Garzón ha expresado su desconfianza hacia el sistema judicial español, a pesar de su necesidad de creer en él. Su experiencia como uno de los primeros jueces destacados en el país incluye la lucha contra el terrorismo de ETA y el narcotráfico, pero también lo llevó a enfrentar serias limitaciones al intentar investigar el franquismo y la corrupción del Partido Popular. En una reciente entrevista, Garzón reflexiona sobre su carrera y el estado actual de la justicia, señalando que desafiar estructuras conservadoras puede acarrear graves consecuencias.
En 2006, Garzón recibió denuncias de víctimas del franquismo que lo llevaron a iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Recordando su decisión, el exmagistrado destaca que la falta de investigación durante la dictadura y la democracia requería una respuesta judicial. Su enfoque se basaba en la premisa de que, si España había juzgado crímenes de otras dictaduras, debía hacer lo mismo con los propios.
Sin embargo, sus acciones desencadenaron una serie de querellas en su contra que resultaron en su suspensión en 2010 por el Consejo General del Poder Judicial. Aunque finalmente fue absuelto, Garzón subraya que su interpretación sobre la imposibilidad de amnistiar crímenes contra la humanidad fue reconocida más tarde en la Ley de Memoria Democrática. Además, su investigación sobre la trama Gürtel, que expuso la corrupción política en el Partido Popular, también le costó una condena y una inhabilitación de 11 años, aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró que esa sentencia fue arbitraria. Garzón reafirma que las causas derivadas de su indagación fueron confirmadas, subrayando la relevancia de su trabajo ante la corrupción política en España.
