El Poder Judicial ha aceptado la solicitud de la Fiscalía para extender la prisión preventiva de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', por un periodo adicional de 18 meses. Esta decisión se enmarca dentro de una investigación de gran relevancia que indaga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo que afectan al Estado. La resolución fue comunicada tras la audiencia realizada el 11 de marzo y representa un nuevo capítulo en el caso que involucra a este mediático personaje.
Con esta prórroga, Hurtado estará tras las rejas hasta septiembre de 2027, acumulando más de tres años de encarcelamiento desde su detención el 19 de septiembre de 2024. La medida fue avalada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, liderado por el juez Juan Carlos Checkley, quien consideró que la causa es de “alta complejidad” y que persisten riesgos procesales que justifican la prolongación de la prisión.
La Fiscalía, representada por el fiscal adjunto supremo Denis Pérez, argumentó que la investigación requiere más tiempo para llevar a cabo diligencias pendientes, recolectar pruebas y garantizar la comparecencia de testigos en un caso que involucra a varios investigados, incluidos la exfiscal superior Elizabeth Peralta Santur y el empresario Javier Miu Lei. Además, se han recogido nuevos testimonios que sugieren que Hurtado utilizaba su influencia para interferir en procesos judiciales, lo que habría causado un perjuicio al Estado. La situación se complica aún más con las afirmaciones de un extrabajador de Hurtado que está colaborando con la justicia, revelando maniobras para ocultar el origen de fondos y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.
