En un desarrollo significativo del litigio internacional, los acreedores han comenzado a activar procedimientos legales en Estados Unidos para embargar bienes del Estado español. Esta fase del proceso se centra en la identificación de activos, cuentas bancarias y contratos que estén bajo la jurisdicción estadounidense y que pertenezcan o estén relacionados con el gobierno de España.
La situación se ha intensificado tras una serie de decisiones favorables en instancias internacionales, que han otorgado laudos arbitrales en contra de España por recortes retroactivos a las primas de energías renovables. Estos recortes, implementados durante las administraciones de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han llevado a los acreedores a exigir la compensación correspondiente, lo que ha desencadenado la búsqueda de embargos que cubran las indemnizaciones dictadas por diversos tribunales.
Los procedimientos legales incluyen la emisión de 'subpoenas' y órdenes de descubrimiento de activos, orientados a instituciones financieras y entidades estatales con presencia en EE. UU. La meta es rastrear bienes y flujos de pagos que puedan ser embargados. Hasta ahora, se han reconocido siete laudos por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, acumulando un total de 688,4 millones de euros, cifra que sigue creciendo por intereses de demora. Los acreedores también están explorando otras jurisdicciones para maximizar sus posibilidades de recuperar las sumas adeudadas.
