La reciente ampliación de la denuncia en la Justicia federal ha reavivado el escrutinio sobre Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, debido a la aparición de nueva documentación que investiga un posible esquema de contrataciones irregulares en medios de comunicación públicos. La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien argumenta que los nuevos elementos son cruciales para esclarecer los hechos en cuestión. En particular, se destaca un presunto vínculo entre la Televisión Pública y la productora Imhouse S.A., cuyo propietario, Marcelo Grandío, es amigo personal de Adorni.
La investigación ha cobrado impulso tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, lo que ha permitido a los investigadores acceder a una serie de contratos, transferencias y comprobantes de pagos que revelan un posible funcionamiento sistemático y creciente de contrataciones irregulares durante la gestión de Adorni. Uno de los aspectos más preocupantes es la firma de seis contratos de coproducción entre Radio y Televisión Argentina (RTA) e Imhouse S.A., lo que lleva a cuestionar si el funcionario favoreció a su amigo con contratos en la Televisión Pública, además de si existió un circuito de retornos económicos en este proceso.
En la presentación también se han incluido datos sobre un viaje a Punta del Este, que ya había sido mencionado previamente, en el que se revela que uno de los tramos fue pagado por Imhouse S.A., a pesar de que Adorni había declarado públicamente haberlo costeado. Este tipo de contradicciones en las declaraciones del funcionario genera un clima de desconfianza y alimenta las sospechas sobre la legalidad de las operaciones realizadas. La investigación apunta a determinar el origen y la legitimidad de estos pagos, especialmente considerando que se realizaron antes de que Adorni asumiera su cargo en el gobierno.
Otro aspecto relevante que ha surgido en el expediente son las transferencias bancarias. Se han documentado diez operaciones realizadas por la empresa de Grandío a favor de Adorni, que suman un total de $1.670.900 entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. La Justicia está analizando el concepto de estos pagos, ya que la naturaleza de las transacciones podría revelar la existencia de irregularidades y conflictos de interés, lo que podría tener graves consecuencias legales para el funcionario.
La denuncia también describe una supuesta mecánica de triangulación en la contratación, sugiriendo que la relación laboral no fue directa, sino que se realizó a través de Imhouse S.A., con el objetivo de ocultar la participación del periodista en la estructura estatal. Este tipo de maniobras podría ser considerado un intento deliberado de evadir la transparencia que debería caracterizar las contrataciones públicas en el ámbito de medios estatales, provocando un aumento en la preocupación por la corrupción en el sector.
Por último, se señala un aumento progresivo en los montos de los contratos a lo largo del tiempo, lo que plantea interrogantes sobre la gestión de recursos en un contexto de ajuste presupuestario en los medios públicos. El denunciante argumenta que estos elementos permiten vislumbrar “prima facie” una posible configuración de un esquema de beneficio indebido, donde Adorni habría favorecido a un cercano mediante contratos con un organismo que se encuentra bajo su supervisión. La gravedad de la situación exige un exhaustivo esclarecimiento que permita restablecer la confianza en las instituciones y asegurar que se actúe con la mayor transparencia posible en el manejo de recursos públicos.
