En el desarrollo del litigio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, ha decidido desestimar la solicitud presentada por el Estado argentino para frenar el proceso de revelación de pruebas. Esta solicitud fue realizada mientras se espera la resolución de la Corte de Apelaciones sobre el caso principal, lo que lleva a Argentina a plantear una apelación ante esta nueva determinación.
La negativa de Preska significa que el proceso de intercambio de pruebas continuará, a pesar de que el país aún espera la decisión del tribunal de apelaciones. Este conflicto legal se centra en la obligación de Argentina de pagar una suma de USD 16.100 millones más intereses a Burford Capital y Eton Park, como resultado de la expropiación de la petrolera en 2012. Desde mayo de 2024, los demandantes han estado solicitando formalmente la etapa de discovery, donde se intercambia información clave, enfocándose en los activos argentinos, incluyendo reservas de oro.
Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, afirmó que Argentina tiene la intención de apelar este fallo, lo que marcaría la sexta apelación en el caso por la expropiación de YPF, abarcando distintos aspectos del litigio. Por su parte, el país había presentado un escrito en el que se oponía a las solicitudes de desacato y sanciones promovidas por los demandantes, argumentando que estas exigencias son excesivas y carecen de fundamento legal, buscando más bien presionar en la negociación que identificar activos ejecutables. En un último movimiento, los demandantes han solicitado a la jueza Preska una Audiencia Probatoria para que Argentina demuestre la falta de información sobre sus reservas de oro, mientras que la defensa sostiene que tales activos son inmunes a ejecución judicial.
La defensa argentina, en una declaración jurada presentada, afirmó que las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no pueden ser ejecutadas en Estados Unidos ni en otras jurisdicciones, independientemente de las solicitudes de discovery. Este documento, que fue firmado por José Ignacio García Hamilton, secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, argumenta que revelar la ubicación de las cuentas que custodian estas reservas podría poner en riesgo la seguridad financiera del país.
