El escándalo en torno al caso $LIBRA ha escalado a niveles alarmantes, con las víctimas de la presunta estafa denunciando una intrincada red de crimen organizado que involucra sobornos, lavado de activos y manipulación de información privilegiada. En respuesta a un intento del empresario Mauricio Novelli, uno de los principales señalados en la causa, de excluirlos del expediente, los damnificados han reafirmado su postura de que no estamos ante una simple inversión fallida, sino ante una serie de delitos graves que requieren atención judicial urgente.
Martín Romeo, uno de los afectados, expresó en una reciente presentación ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi que la situación va más allá de los riesgos inherentes a las inversiones en criptomonedas. Según Romeo, el caso $LIBRA implica un elaborado esquema que incluye la manipulación de algoritmos y la triangulación de facturas offshore, lo que evidencia una estrategia organizada para defraudar a los inversores. "No estamos hablando de una cuestión de mercado, sino de un entramado criminal que ha perjudicado a miles de personas", afirmó.
La defensa de Novelli ha argumentado que los inversores asumieron voluntariamente los riesgos asociados con la compra del token, alegando que no hubo estafa. El empresario también ha intentado desvincular al presidente Javier Milei de cualquier responsabilidad, sugiriendo que el mandatario no emitió recomendaciones de inversión. Sin embargo, los querellantes han rechazado de manera contundente estas afirmaciones, señalando que la presentación de $LIBRA como un proyecto legítimo respaldado por el Estado argentino fue un engaño deliberado.
Los damnificados han subrayado que la promoción de $LIBRA por parte de Milei fue fundamental para atraer a los inversores. Recordaron que el presidente hizo pública la información sobre el contrato de adquisición del token, lo que generó una falsa sensación de seguridad y confianza en el proyecto. Pese a las promesas de financiamiento de startups y pequeñas empresas, los querellantes sostienen que esas expectativas nunca se materializaron.
En el proceso judicial hay cinco querellantes, todos ellos inversores que han perdido gran parte de sus ahorros debido al colapso de la criptomoneda. Desde el inicio de la investigación, estos afectados han trabajado arduamente para que se haga justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, han manifestado su preocupación por el intento de Novelli de apartarlos del proceso, lo cual consideran una maniobra para lograr un sobreseimiento anticipado.
Los damnificados también han recordado que su condición de querellantes ha sido avalada por distintas instancias judiciales, incluyendo la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Este respaldo legal refuerza su argumento de que deben continuar en la causa, ya que su participación es esencial para esclarecer los hechos y asegurar que no se minimicen las implicancias de un caso que podría tener repercusiones profundas en el ámbito de las inversiones en criptomonedas en Argentina. La lucha por la justicia en el caso $LIBRA no solo representa un desafío personal para los afectados, sino que también plantea interrogantes sobre la regulación y supervisión del mercado de criptoactivos en el país.
