El presidente Donald Trump enfrenta un revés significativo en su política arancelaria tras el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales la mayoría de sus tarifas impuestas. En una decisión tomada el 20 de febrero, la Corte se pronunció en el caso Learning Resources contra Trump, dejando en claro que el mandatario no contaba con la autoridad necesaria para establecer aranceles de manera unilateral, como él había sostenido basándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La Corte, compuesta por nueve jueces, vio seis de sus miembros, incluido el presidente John Roberts, expresar su desacuerdo con la interpretación que Trump había dado a la ley. En una conferencia de prensa posterior al fallo, Trump calificó la decisión como “profundamente decepcionante” y se mostró crítico con algunos miembros de la Corte, mientras prometía implementar nuevas barreras comerciales en respuesta al dictamen.

Entre sus argumentos, el presidente mencionó la necesidad de aumentar los aranceles debido a una crisis de salud pública vinculada a la importación de drogas ilegales y a déficits comerciales persistentes. Sin embargo, el veredicto de la Corte podría reducir significativamente la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos, aunque Trump ya ha comenzado a buscar alternativas. Actualmente, ha invocado otra disposición de la década del 70 para establecer un arancel global del 10%, aunque este solo tiene una validez temporal de 150 días y podría enfrentar desafíos legales en el futuro.