La economía argentina enfrenta un panorama desalentador, evidenciado por la significativa disminución del ingreso disponible de los hogares. Según estimaciones de Ecolatina, en el primer semestre de 2023, las familias experimentaron una caída del 20% en su capacidad adquisitiva en términos reales. Este fenómeno, que se ha venido gestando durante casi tres años, se agrava por el impacto de la recomposición tarifaria que afecta a los gastos fijos de los hogares, como servicios básicos, educación y salud.
El ingreso disponible, que abarca no solo los salarios, sino también jubilaciones, pensiones y otras ayudas, se ve severamente limitado por los altos gastos necesarios para la vida cotidiana. En este contexto, se observa que las familias deben destinar una porción significativa de sus ingresos a cubrir estos gastos rígidos, lo que deja poco margen para el ahorro o el consumo discrecional. Este ciclo vicioso de altos gastos y bajos ingresos coloca a muchas familias en una situación financiera precaria, aumentando su dependencia del financiamiento externo.
A lo largo de la última década, el poder adquisitivo de los argentinos ha ido en descenso, y los datos actuales reflejan una reducción del ingreso disponible de aproximadamente un 40% en comparación con los niveles de 2016, si se ajusta por inflación. Este desajuste entre salarios y costo de vida ha llevado a muchas familias a recurrir a créditos, lo que ha incrementado el nivel de endeudamiento en el país. La facilidad de acceso a créditos, facilitada por la tecnología, contrasta con la realidad de ingresos que no logran mantenerse al día con la inflación, lo que genera un terreno fértil para el aumento de la mora en los préstamos.
Los últimos datos del INDEC indican que, aunque el índice de salarios registrados creció un 2,1% mensual y un 28,5% anual, cuando se ajusta por inflación, se observa una disminución real del 0,8% en el mes y del 2,9% en la comparación interanual. Esta situación ha llamado la atención de los analistas del sistema financiero, quienes advierten sobre un aumento preocupante en la morosidad de los créditos. La combinación de tasas de interés elevadas y una caída en los ingresos ha llevado a que la mora en los créditos alcanzara el 10,6% en enero, el nivel más alto en más de veinte años.
En el sector no bancario, la irregularidad de cartera presenta cifras alarmantes que oscilan entre el 24% y el 27,4%. Algunas cadenas de retail que ofrecen financiamiento propio reportan tasas de mora que superan el 45%, lo que refleja la presión que enfrentan muchos consumidores. Este incremento en la morosidad genera un ciclo negativo que afecta tanto a los hogares como a las instituciones que otorgan créditos, complicando aún más la situación económica general.
Adicionalmente, el endeudamiento promedio de las familias ha aumentado considerablemente en el último año, pasando de 1,5 a 2,5 salarios. La deuda bancaria ya representa el 23% de los ingresos totales de los hogares, afectando a más de 20,5 millones de adultos que dependen de alguna forma de financiamiento. La diferencia entre las tasas de interés y los aumentos salariales ha alcanzado niveles insostenibles, donde algunas entidades cobran hasta un 7% de costo financiero total (CFT) mensual, mientras que los salarios no superan un incremento del 2% en promedio.
Este contexto de estancamiento salarial y alta morosidad se ve agravado por un mercado laboral que no logra generar nuevos puestos de trabajo y que, además, presenta un deterioro en la calidad de los empleos existentes. La combinación de todos estos factores ha llevado a un pesimismo generalizado entre los argentinos, quienes ven con preocupación la perspectiva económica a corto y mediano plazo. La situación actual plantea un desafío urgente para las políticas públicas, que deberán abordar de manera integral los problemas de ingresos, empleo y acceso al financiamiento para mejorar las condiciones de vida de la población.
