El Gobierno argentino ha dado luz verde al ingreso del proyecto "PSJ Cobre Mendocino" al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión estimada de 613,4 millones de dólares. Esta iniciativa, que busca desarrollar una mina de cobre y oro en la provincia de Mendoza, fue formalizada mediante la resolución 801/2026 del Ministerio de Economía, publicada recientemente en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.
La empresa responsable del proyecto es Minera San Jorge SA (MSJSA), que planea operar sobre el yacimiento “San Jorge”, situado en el distrito de Uspallata, en el departamento de Las Heras. La propuesta incluye la construcción de una mina a cielo abierto y una planta concentradora que funcionará con técnicas de flotación convencional, lo que la posiciona como un emprendimiento significativo en la región.
De acuerdo a información revelada por Energy Report, el proyecto había solicitado su incorporación al RIGI con un monto inicial de 630 millones de dólares, con el objetivo de producir 40.000 toneladas de cobre anuales. Sin embargo, tras realizar ajustes en los cálculos, la aprobación se concedió por un total de 613,4 millones de dólares, lo que refleja un enfoque más realista sobre la inversión necesaria para el desarrollo del proyecto. A su vez, se estima que la inversión total, incluyendo costos de mantenimiento y cierre de la mina, alcanzará los 891 millones de dólares.
La resolución también indica que el emprendimiento tendrá una capacidad estimada de procesamiento de 10 millones de toneladas anuales de mineral de cobre y oro, lo que representa un avance importante en la capacidad productiva de la minería en Mendoza. Este proyecto se ubica dentro del sector de “Minería”, específicamente en el subsector correspondiente a minerales de primera y segunda categoría según el Código de Minería, excluyendo recursos como el potasio y el litio.
Según el cronograma presentado por la empresa, se prevé que la fase de construcción comience en junio de 2027, mientras que el inicio de las operaciones está proyectado para enero de 2029. Durante los primeros dos años de actividad, la empresa deberá demostrar inversiones que superen los 188,5 millones de dólares, lo que representa el 40% del monto mínimo requerido por el régimen. Además, se estableció un plazo hasta el 1 de septiembre de 2028 para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido.
El Ministerio de Economía resaltó que el proyecto cumple con los objetivos del RIGI, diseñado para fomentar inversiones tanto nacionales como extranjeras mediante incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios. En su presentación, la empresa también incluyó un plan de desarrollo de proveedores locales, en el cual se establece que el 27% de las compras relacionadas con bienes, obras e infraestructura durante las etapas de construcción y operación se realizarán a través de proveedores argentinos, superando así el mínimo estipulado por la normativa.
Por último, la iniciativa contempla la recuperación de oro como subproducto de la explotación de cobre y prevé exportaciones programadas hasta el final de la vida útil del yacimiento. En su documentación, la compañía aseguró que el proyecto no generará distorsiones en el mercado local, respaldando su afirmación con estudios de viabilidad que auguran un impacto positivo en la economía regional.
