Los productores agropecuarios de Baradero han decidido presentar una demanda judicial en contra de la administración municipal, debido a la supuesta utilización de más de $1.500 millones recaudados a través de la tasa vial para fines que no están relacionados con el mantenimiento de la infraestructura rural. Este reclamo surge en un contexto donde la falta de inversión en caminos se ha convertido en un problema crítico para el desarrollo del sector productivo, afectando no solo la actividad agrícola, sino también la calidad de vida de los habitantes de la zona.

La denuncia ha sido impulsada por la Sociedad Rural de Baradero, quien ha señalado que el uso inadecuado de estos fondos no solo infringe la normativa vigente, sino que también agrava la situación de las rutas rurales, vitales para la circulación de productos y el acceso a servicios básicos. Pablo Roller, vicepresidente de la entidad, enfatizó que la red vial es un “servicio público esencial”, y su deterioro pone en riesgo la movilidad de las personas, el acceso a la educación y la seguridad en el ámbito rural.

Uno de los puntos más preocupantes que destaca la denuncia es el escaso mantenimiento que ha recibido la red vial en los últimos años. Roller afirma que, de los 600 kilómetros que conforman esta red, apenas 200 han recibido alguna tarea de reparación o mantenimiento en el lapso de siete años. Esta falta de atención ha llevado a una situación crítica, donde los productores no solo enfrentan dificultades para transportar sus productos, sino que también se ven impedidos de acceder a servicios médicos y educativos.

El origen de la denuncia se remonta a un amparo presentado en junio de 2025, que permitió a la Sociedad Rural acceder a información oficial sobre la recaudación y el destino de los fondos. Tras un exhaustivo análisis, los productores descubrieron que, en los últimos tres años y medio, solo se había destinado un 40% de lo recaudado a la mejora de la infraestructura vial. Esta situación contradice las expectativas que existían en torno a la tasa, que anteriormente había permitido mantener y mejorar los caminos rurales.

Roller recordó que, en un contexto anterior, hasta un 25% de la recaudación de la tasa vial se utilizó para realizar obras significativas, como el cambio de alcantarillas y el alteo de caminos, lo que demuestra que es posible gestionar estos recursos de manera efectiva. Sin embargo, la situación actual es alarmante y afecta directamente la cotidianidad de los habitantes de la zona, quienes enfrentan serias dificultades para acceder a servicios básicos. “Los chicos no pueden ir al colegio, si hay un problema de salud no pueden salir del campo y, en situaciones críticas de seguridad, la policía tampoco puede llegar”, advirtió Roller.

En abril, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ya había sentenciado a favor de la Sociedad Rural, ordenando al municipio de Baradero, liderado por Esteban Sanzio, a informar sobre el uso de los fondos derivados de la tasa vial. De acuerdo con el fallo, la recaudación anual de esta tasa asciende a $1.000 millones, lo que agrava aún más las dudas sobre la administración de estos recursos. La negativa inicial del municipio a brindar información solicitada por la entidad rural motivó que los productores tuvieran que recurrir a la justicia, evidenciando un clima de desconfianza y falta de transparencia.

Este conflicto se inscribe en un problema más amplio que atraviesa a muchas localidades del interior, donde la falta de inversión en infraestructura vial se traduce en un impacto negativo en la producción agrícola y la calidad de vida de los habitantes. A medida que el debate sobre la gestión de los recursos públicos continúa, la situación en Baradero se convierte en un ejemplo emblemático del desafío que enfrentan los productores y el gobierno local en su búsqueda por garantizar un desarrollo sostenible y eficiente en el ámbito rural.