En el contexto económico argentino, la reciente propuesta de blanqueo permanente de dólares a través de la ley de Presunción de Inocencia Fiscal ha encontrado una fría recepción entre los potenciales beneficiarios. Los números son elocuentes: solo un 3% de los ciudadanos que podrían acogerse a este esquema lo ha hecho, lo que pone de manifiesto la falta de confianza en un sistema que busca formalizar activos que muchos prefieren mantener ocultos.
La población objetivo de esta iniciativa incluye aproximadamente 2,1 millones de monotributistas y cerca de 400.000 trabajadores autónomos que se desempeñan bajo el régimen general. Sin embargo, de acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), únicamente 80.000 personas se han registrado en el nuevo sistema simplificado de Impuesto a las Ganancias. Este dato sugiere que, a pesar de la aparente oportunidad, la mayoría de los contribuyentes aún se muestra reticente a dar el paso hacia la formalización de sus ingresos.
Es fundamental considerar que esas 80.000 inscripciones no necesariamente implican que todos hayan decidido trasladar sus dólares “del colchón” a la formalidad. Para muchos, la incertidumbre sobre las implicaciones fiscales y el temor a un eventual escrutinio del fisco son elementos que juegan en contra de la adopción de esta política. En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha reconocido que persisten dudas sobre la ley de Inocencia Fiscal, las cuales no solo son de naturaleza técnica, sino que también incluyen aspectos políticos que podrían generar desconfianza entre los contribuyentes.
El temor a ser investigados por el fisco es uno de los factores que ha llevado a muchos a mantener sus activos en la informalidad. Caputo ha convocado a un grupo de destacados tributaristas para discutir estas inquietudes y evaluar posibles mejoras en el régimen actual. En un reciente streaming titulado “Economía de Quincho”, el ministro expresó su deseo de comprender mejor las perspectivas de los expertos en materia fiscal y cómo se puede fomentar una mayor participación en el blanqueo propuesto.
Este régimen está diseñado para aquellos que tienen ingresos anuales de hasta $1.000 millones o activos declarados que no superen los $10.000 millones. Para los autónomos que deciden cambiarse al sistema de Ganancias Simplificadas, ARCA se encargará de elaborar una declaración jurada basada en los ingresos y gastos reportados, eliminando la necesidad de incluir información sobre bienes al inicio del ejercicio fiscal. Esto implica que el fisco asume que el contribuyente está en regla, aunque la realidad es que la ausencia de información no garantiza total inmunidad ante futuras revisiones.
Para los monotributistas, el escenario es un poco más complicado, ya que deben abandonar su régimen actual para inscribirse como autónomos, lo que puede no resultar beneficioso para todos. Aquellos en la categoría más alta están obligados a dejar de ser monotributistas, mientras que los demás podrían no ver ventajas significativas en la transición. Además, el régimen de Inocencia Fiscal incluye un “tapón fiscal” de tres años, lo que significa que el fisco no podrá revisar los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025, siempre que se declaren correctamente los bienes.
Sin embargo, a pesar de las garantías ofrecidas, los contadores advierten que este régimen no es infalible y que la posibilidad de ser investigado aún persiste. La falta de confianza en el sistema y el deseo de evitar complicaciones con la administración tributaria son elementos que continúan influyendo en la decisión de los contribuyentes, lo que plantea un desafío significativo para el gobierno en su intento de recuperar dólares que permanecen en la informalidad.
