En una conmovedora manifestación frente a la Asamblea Nacional de Ecuador, un grupo de pacientes de cáncer y diálisis ha alzado la voz para denunciar la alarmante falta de atención médica en la región amazónica del país. Con un retraso de ocho meses en el pago de los fondos destinados a su tratamiento, estos enfermos sostienen que la falta de recursos ha desencadenado una crisis humanitaria que ya ha costado numerosas vidas. La situación se agrava ante la inacción del gobierno de Daniel Noboa, que, a pesar de contar con convenios firmados y resoluciones judiciales que respaldan su obligación de financiar la atención médica, aún no ha transferido los fondos necesarios.

El abogado Pablo Fajardo, quien representa a los afectados, describió la situación como un “incumplimiento total del Gobierno”. Según Fajardo, aunque los recursos se asignan, no se entregan, lo que ha dejado a los pacientes en una situación desesperante. Desde la implementación de un nuevo convenio en enero de 2025, la Secretaría Técnica de la Amazonía (CTA) debería haber transferido 1,3 millones de dólares para el tratamiento de estos enfermos, pero hasta ahora no se ha concretado ningún desembolso.

Vicente Báez, un asambleísta de la oposición, también ha criticado la gestión de los fondos provenientes de la explotación petrolera en la región. En sus declaraciones, Báez planteó un cuestionamiento inquietante: "¿Cómo es posible que la provincia que más recursos genera esté viviendo esta catástrofe en salud y empleo?". Según sus cálculos, la participación del 4 % del precio de cada barril de petróleo que corresponde a la Amazonía podría traducirse en más de 480 millones de dólares al año para el Fondo Común Amazónico, una cifra que contrasta drásticamente con la realidad que enfrenta la población.

Fernando Vega, otro representante de los pacientes, relató las extremas dificultades que enfrentan muchos de ellos para acceder a tratamientos médicos. Algunos deben emprender viajes que pueden durar hasta dos días por el río Napo para llegar a los centros de atención, lo que no solo representa un reto logístico, sino que también agrava su estado de salud. Desde octubre del año pasado, se han registrado al menos treinta muertes, seis de las cuales pertenecían a una fundación que agrupa a estos pacientes, y veinticuatro más que no pudieron acceder al convenio entre la CTA y Cáritas debido a la falta de desembolso de recursos.

Además, Adán Santana Ortiz, otro representante de los pacientes, ha vinculado la crisis sanitaria con los problemas ambientales que enfrenta la región. Según Ortiz, las actividades petroleras y mineras, tanto legales como ilegales, están generando contaminación que afecta gravemente la salud de la población. Afirmó que muchos habitantes dependen del agua de pozos o ríos contaminados, y destacó que en la provincia, aproximadamente el 80 % de la población no tiene acceso a agua potable.

La situación es crítica y los afectados han dejado claro que no están pidiendo limosna, sino que exigen el cumplimiento de un derecho fundamental: el acceso a la atención médica adecuada. La comunidad amazónica se encuentra en una encrucijada, y la falta de atención por parte del gobierno pone en riesgo no solo la salud de miles de personas, sino también su dignidad y derechos humanos. La presión sobre las autoridades es inminente, y la esperanza de estos pacientes reside en que su clamor no caiga en oídos sordos.