El Gobierno argentino ha implementado el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) a través del decreto 242/2026, con el propósito de estimular el desarrollo productivo y potenciar proyectos de mediana escala en diversos sectores económicos. Esta normativa busca fortalecer las cadenas de valor, fomentar las exportaciones y contribuir al crecimiento económico, lo que a su vez impactará de manera positiva en la creación de empleo en el país. La iniciativa está diseñada para un periodo de dos años y está orientada tanto a empresas nacionales como a inversores extranjeros.
Dentro de este marco, la reglamentación establece requisitos claros que las empresas deben cumplir para acceder a los beneficios del RIMI. En particular, se enfoca en micro, pequeñas y medianas empresas, así como en organizaciones sin fines de lucro que estén registradas ante ARCA. Para poder beneficiarse del régimen, es fundamental que las entidades interesadas cuenten con un certificado MiPyME vigente al inicio del ejercicio fiscal en el que se realice la inversión y que no tengan deudas firmes y exigibles.
El RIMI está diseñado para apoyar únicamente inversiones nuevas que estén destinadas a la producción. Se incluyen en este esquema bienes de capital, infraestructura, tecnología, equipamiento informático, sistemas de riego, mallas antigranizo y animales de genética superior, así como proyectos relacionados con la eficiencia energética y las energías renovables. Sin embargo, quedan excluidos del régimen los automóviles y las inversiones financieras o de portafolio que no tengan un impacto productivo directo.
En cuanto a la infraestructura, se permite la inclusión de proyectos que no superen el 30% de avance al momento de la implementación del régimen. Todos los bienes adquiridos deberán ser amortizables en el Impuesto a las Ganancias y estar destinados a actividades productivas. Este enfoque asegura que las inversiones realizadas tengan un efecto tangible en la economía real, fomentando así un desarrollo sostenible.
El régimen tendrá vigencia por dos años, y el monto mínimo de inversión se calculará en base al total de las inversiones elegibles realizadas durante ese periodo, tomando como referencia el tipo de cambio comprador del Banco Nación. Es importante destacar que el acceso a los beneficios estará condicionado a que las inversiones se encuentren efectivamente en marcha y cumplan con los requisitos de monto establecidos.
Adicionalmente, el RIMI contempla incentivos fiscales, incluyendo la devolución del IVA, aunque esta medida estará sujeta a un cupo anual limitado, que puede alcanzar hasta el 50% del total asignado. De esta manera, el régimen se posiciona como una herramienta clave para acelerar el flujo de inversiones de escala media, con un énfasis particular en la producción, la eficiencia energética y el fortalecimiento de las cadenas de valor. Este enfoque busca no solo impulsar la actividad económica, sino también generar un impacto positivo en el empleo dentro del sector de las pequeñas y medianas empresas, crucial para el entramado productivo argentino.
