La investigación interna en Nucleoeléctrica, la empresa estatal encargada de la energía nuclear en Argentina, ha sido oficialmente paralizada, generando preocupación entre los trabajadores y analistas del sector. A pesar de las denuncias sobre sobreprecios en contrataciones durante la gestión de Demian Reidel, no se ha avanzado en las auditorías correspondientes. Según fuentes cercanas a la empresa, la nueva dirección ha recibido instrucciones concretas para priorizar la privatización de las centrales en lugar de investigar las irregularidades, lo que ha generado un clima de incertidumbre y temor entre los empleados.
Desde enero de este año, cuando salieron a la luz las denuncias sobre presiones ejercidas sobre ingenieros y sobreprecios en contrataciones, Nucleoeléctrica se encuentra bajo el escrutinio público. La situación se complicó aún más tras las acusaciones de que la nueva conducción, liderada por un grupo afín al presidente Javier Milei, está más interesada en cumplir con la agenda de privatización que en esclarecer las irregularidades denunciadas por sus antecesores. Esta decisión ha dejado a muchos cuestionando la transparencia y la ética en la gestión de la empresa.
El ingeniero Ernesto Simionato, quien ha sido uno de los principales denunciantes, señaló que hasta ahora, la situación es alarmante: "A casi cuatro meses de las denuncias, todo sigue en la misma nebulosa, y no hemos recibido respuestas sobre los 6,4 millones de dólares que están en juego". Simionato se refiere a la contratación de un sistema de gestión administrativa que costó 7 millones, un monto que representa un desmesurado aumento del 1066,7% en comparación con el software previamente utilizado, que cumple funciones similares.
La situación se torna aún más delicada cuando se considera el clima de presión que se instauró durante la gestión de Reidel. Según testimonios recogidos, muchos empleados han manifestado su temor a represalias por parte de la administración actual, lo que ha llevado a una atmósfera de silencio y autocensura. Este contexto ha sido señalado como un factor clave que ha permitido la falta de acción en las auditorías y en las investigaciones necesarias para esclarecer las denuncias.
Los primeros pasos hacia la denuncia de estas irregularidades fueron tomados por Juan Pablo Nolasco Sáenz, gerente de planta de Atucha I y II, quien documentó las presiones para la contratación de un servicio de limpieza con un sobreprecio del 140%. Simultáneamente, Simionato presentó una denuncia por la adquisición del sistema SAP S/4HANA, cuyo costo de 7 millones de dólares es 11,6 veces mayor que el del sistema anterior, que costó 600 mil dólares y no presenta mejoras significativas. Estas denuncias, que se hicieron públicas a principios de año, desataron un escándalo que puso de manifiesto las serias irregularidades presentes en la gestión de Reidel.
En el fondo de esta situación se encuentra la preocupación por la posible subvaluación de Nucleoeléctrica en el marco de la privatización, con el objetivo de obtener recursos de manera rápida. Esta estrategia ha suscitado críticas y alertas entre los trabajadores y expertos del sector, quienes advierten sobre las consecuencias de una privatización apresurada y sin la debida transparencia. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la empresa y el manejo de recursos públicos en un contexto donde la energía nuclear juega un papel fundamental en la matriz energética del país.
