En un contexto de creciente tensión fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, se enfrenta a un dilema preocupante en la gestión de las cuentas públicas. Recientemente, se ha dado a conocer que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires colaboró con Caputo al permitirle ajustar los números del superávit fiscal correspondiente a la primera parte del año. Este ajuste se realizó en un contexto donde el ministro dejó de transferir a la Ciudad los fondos que la Corte Suprema había ordenado restituir, que representan el 1,5% de la coparticipación, la cual había sido recortada por el anterior presidente Alberto Fernández en 2020. El hecho de que estos fondos no se consideren como parte de la coparticipación debido a que no se trata de un fallo definitivo plantea serias dudas sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Desde enero de este año, Caputo tomó la decisión de suspender estos pagos como parte de su estrategia para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) relacionadas con el superávit fiscal. Durante el primer trimestre del año, la deuda flotante del Ministerio de Economía creció de manera alarmante, pasando de $2 billones a $4 billones. A su vez, el gobierno logró obtener aproximadamente $2 billones en ingresos extraordinarios, principalmente por conceptos de rentas de la propiedad y recursos derivados de la privatización de las represas del Comahue. Estas decisiones, que parecen más propias de administraciones que enfrentan serias dificultades financieras, han generado preocupación respecto a la sostenibilidad de las cuentas públicas.

De acuerdo a un informe elaborado por la consultora LCG, las transferencias parciales que comenzaron a realizarse en agosto de 2025 fueron interrumpidas completamente en enero de 2026, acumulando una deuda de $1,1 billones hasta mayo de ese año. Este menor gasto ha permitido un aumento en el superávit primario en un momento en que los ingresos se han visto mermados, lo que lleva a cuestionar la ética de estas maniobras contables. El ahorro logrado se traduce en un 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el resultado primario de los primeros cinco meses de este año asciende al 0,7% del PBI, con una meta fijada para este año de un 1,4% del PBI.

La consultora LCG también resalta que el pago de la deuda a través de títulos públicos debería ser registrado como un gasto del Tesoro, lo que no se refleja en las estadísticas públicas. Este vacío en la información puede distorsionar la percepción sobre la salud fiscal del país y la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones. La falta de transparencia en la presentación de datos fiscales podría llevar a una mayor desconfianza por parte de los inversores y a un deterioro de la imagen del gobierno ante la ciudadanía.

En este contexto, Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, ha aportado su análisis sobre cómo se ha manejado esta operación entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Economía. Según Pegoraro, se han utilizado bonos y letras ya emitidos y no colocados, como es el caso de una Boncap. Esto sugiere que el gasto financiero podría estar oculto bajo otras partidas, dado que el mismo mecanismo se utiliza para todos los instrumentos de deuda capitalizables en pesos.

Pegoraro advierte que el gasto financiero del Estado nacional se materializará en el momento en que se realicen los pagos correspondientes de esos bonos. Esto implica que, aunque actualmente el gasto no se registre de manera visible, la carga financiera seguirá presente y podría afectar la capacidad del gobierno para cumplir con sus metas fiscales en el futuro. La falta de claridad y la utilización de tácticas contables como estas podrían profundizar la crisis de confianza en el manejo de las finanzas públicas, un aspecto crítico en un momento donde la economía argentina enfrenta tantos desafíos.

En conclusión, el manejo de las cuentas fiscales por parte de Luis Caputo y su equipo plantea serias dudas sobre la transparencia y sostenibilidad de la economía argentina. La estrategia de ocultar gastos y utilizar maniobras contables para mostrar un superávit puede ofrecer una solución a corto plazo, pero plantea riesgos significativos a mediano y largo plazo. El desafío será encontrar un equilibrio entre cumplir con las exigencias externas y garantizar la salud financiera del país.