La recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos en el primer trimestre del año ha generado alarmas entre los gobernadores de las provincias argentinas, quienes se encuentran en una situación complicada que podría llevarlos a solicitar nuevamente la ayuda del Gobierno nacional para afrontar sus responsabilidades financieras en 2026. Esta problemática se agrava en un contexto de baja actividad económica que ha marcado el inicio del año, y que se traduce en cifras preocupantes para los ingresos provinciales.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), la recaudación total durante los primeros tres meses de 2023 alcanzó casi $6 billones, lo que representa un modesto incremento del 1,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. A esta cifra se suman otros $3,7 billones que las provincias lograron recaudar dentro de sus propias jurisdicciones, alcanzando un total de aproximadamente $9,7 billones. Sin embargo, este crecimiento no es suficiente para contrarrestar la tendencia decreciente que se observa en las diferentes modalidades de recaudación de este impuesto.

El sistema de la COMARB funciona como un mecanismo de compensación en el que las transacciones entre jurisdicciones se ajustan a través de un proceso de liquidación de impuestos. Por ejemplo, cuando una empresa de la provincia A emite una factura a un cliente de la provincia B, se aplica el impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente. A su vez, si una firma de la provincia B factura a otra de la provincia A, se genera un nuevo cobro del mismo impuesto. Este sistema ha permitido que el 63% de lo recaudado por Ingresos Brutos en el consolidado de las provincias provenga de estas transacciones interprovinciales, dejando apenas un 37% para la recaudación local.

Sin embargo, la situación se complica aún más con la implementación de nuevos sistemas que retienen anticipos automáticos de las cuentas bancarias de los contribuyentes. Esta práctica ha llevado a que las provincias acumulen saldos a favor de las empresas y personas, que a menudo terminan demorando en reintegrar. Esta dinámica ha generado tensiones adicionales en la relación entre las provincias y los contribuyentes, afectando la percepción de justicia fiscal y la confianza en las administraciones locales.

Un análisis más profundo realizado por Guillermo Michel, ex titular de la Aduana y actual diputado por el peronismo, destaca que la recaudación de Ingresos Brutos a través de sistemas de retención en cuentas bancarias está experimentando una caída significativa. En particular, el SIRCREB, que se encarga de generar anticipos automáticos con base en los ingresos bancarios de los contribuyentes, registró una disminución real del 7% en el primer trimestre. Esta tendencia a la baja también se extiende a otros sistemas de recaudación, como el SIRCAR y el SIRTAC, que han mostrado caídas del 7% y 8%, respectivamente.

Un dato alarmante es la caída del 13% en la recaudación a través del SIRPEI, que aplica a las importaciones. Sin embargo, a pesar de estas disminuciones, el sistema SIRCUPA, que retiene sobre las cuentas de pago digitales, ha experimentado un incremento del 166% en el primer trimestre, gracias a la reciente inclusión de la provincia de Buenos Aires en este esquema. Esta situación refleja una diversificación en los métodos de recaudación, aunque no logra compensar las pérdidas en los sistemas tradicionales.

Con la coparticipación registrando una caída del 6,4% y el ingreso discrecional mostrando una disminución aún más drástica del 59%, los desafíos se multiplican para las provincias. En este contexto, los gobernadores se encuentran ante una encrucijada, donde la búsqueda de recursos se torna cada vez más urgente y las posibilidades de depender del Gobierno central se vuelven más evidentes. La situación actual plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de las provincias y su capacidad para manejar sus finanzas en un entorno económico tan complicado como el que enfrenta el país en la actualidad.