Los últimos informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) revelan una situación alarmante en el ámbito de la morosidad familiar. A finales de marzo de 2026, la mora de los hogares argentinos alcanzó un preocupante 11,5%, lo que representa un aumento sustancial en comparación con el 3,3% registrado en el mismo mes del año anterior. Este incremento no solo es significativo en términos absolutos, sino que marca un hito en la historia reciente del país, reflejando un deterioro sin precedentes en la relación entre los créditos y los ingresos reales de las familias.

Este panorama de crisis financiera no toma por sorpresa a los analistas que han estado observando de cerca la evolución de los ingresos en el país. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Capital Humano a través del índice RIPTE, los salarios en el sector privado han sufrido una caída real del 4,8% en comparación con noviembre de 2023. La situación es aún más crítica en el ámbito del empleo público, donde los salarios han disminuido un 17% en el mismo período. Este escenario ilustra con claridad una ecuación devastadora: mientras las deudas se incrementan en términos de volumen y costo, los ingresos que deberían respaldarlas se ven severamente mermados.

Al analizar la composición de la morosidad, se observa que los préstamos personales son los más afectados, con un 14,2% de incumplimiento, cifra que más que triplica el 4,1% registrado hace un año. Estos créditos son utilizados por las familias para hacer frente a gastos cotidianos, emergencias y necesidades básicas, lo que los convierte en los más vulnerables a la erosión de los ingresos. Asimismo, las tarjetas de crédito presentan un preocupante 11,7% de mora, en comparación con el 2,8% del mismo mes de 2025. Estos datos evidencian que el deterioro económico no discrimina, sino que afecta a todos los instrumentos financieros vinculados al consumo diario.

Por su parte, el sector empresarial también ha visto un aumento en la morosidad, que se situó en un 3,1% frente al 0,9% del año anterior. Sin embargo, a pesar de este incremento, la morosidad empresarial aún se mantiene en niveles relativamente controlados, lo que no genera, por ahora, una alarma respecto al riesgo sistémico. La diferencia entre la morosidad de las familias y la de las empresas, que es de 11,5% frente a 3,1%, es un dato revelador que resalta la asimetría en el impacto del ajuste macroeconómico: los hogares han soportado una carga desproporcionada.

La situación descrita ilustra de manera directa quiénes han sido los más afectados por las políticas de ajuste implementadas en el país. Los hogares se han visto obligados a recurrir al crédito para poder subsistir, pero actualmente enfrentan serias dificultades para honrar esas deudas. Esta paradoja del periodo se hace evidente al observar cómo, en medio de un contexto de ingresos en declive, el crédito se expandió como un recurso temporal que permitió aliviar en parte el impacto del ajuste en el consumo. Sin embargo, cuando la carga financiera supera la capacidad de repago, el sistema entra en una crisis de morosidad que se ha evidenciado recientemente.

A medida que se profundiza esta crisis, se torna indispensable analizar el contexto más amplio. La caída del 17% en los salarios reales del sector público desde noviembre de 2023 pone de manifiesto la gravedad de la situación. Este dato no solo refleja la presión económica que enfrentan los trabajadores, sino también el riesgo de que el ciclo de morosidad se agrave aún más si no se implementan medidas efectivas para estabilizar el ingreso y fomentar el crecimiento del empleo. La interrelación entre la morosidad y la capacidad de pago de los hogares plantea un desafío urgente para la política económica del país, que debe ser abordado con seriedad y prontitud.