El juez federal Sebastián Casanello ha tomado la decisión de levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, quien es hermano del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta medida se enmarca en una investigación que busca esclarecer la evolución patrimonial de Francisco desde 2020 hasta la fecha actual. El magistrado, que actualmente subroga el Juzgado Federal 6, ha dispuesto una serie de acciones que permitirán obtener detalles sobre las finanzas de Adorni, incluyendo información de cuentas bancarias, transferencias y operaciones de cambio.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) será el encargado de solicitar a diversas entidades financieras un desglose exhaustivo de las cuentas de Francisco Adorni. Esto incluye no solo la información sobre cuentas corrientes y cajas de ahorro, sino también datos sobre tarjetas de crédito, depósitos en efectivo y operaciones de compra y venta de divisas. Esta batería de medidas fue solicitada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien impulsó el caso a raíz de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, la cual sostiene que existe un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por parte de Francisco Adorni.
La denuncia indica que el hermano del jefe de Gabinete habría acumulado un patrimonio significativo durante su tiempo en el servicio público, comenzando como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, y luego dirigiendo el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) desde junio de 2025. La investigación se centra en el aumento patrimonial que, según la denuncia, no puede ser justificado por los ingresos que Adorni ha declarado. En este sentido, el fiscal Marijuán ha señalado que Adorni no presenta antecedentes que respalden su actual situación económica.
Al iniciar sus funciones públicas, Francisco Adorni registró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio que incluía el 50% de una propiedad en City Bell, valorada en más de 38 millones de pesos, y una camioneta Chery Tiggo 2017, tasada en 5 millones. Además, declaró bienes y dinero que sumaban aproximadamente 43 millones de pesos, sin ningún tipo de deudas. Sin embargo, en su declaración jurada correspondiente al año 2025, el patrimonio neto declarado ascendía a 80,5 millones de pesos, lo que generó sospechas sobre su capacidad para haber acumulado tal riqueza en un periodo tan corto.
Una de las operaciones que más ha llamado la atención es la adquisición del 50% de una Jeep Renegade 2020, valorada en 8 millones de pesos, y la sorprendente cancelación de un crédito hipotecario de alrededor de 60 millones, otorgado por el Banco Provincia, en un plazo de solo un año. El fiscal ha destacado que, incluso suponiendo que Adorni ahorrara la totalidad de su salario, el flujo de ingresos en ese lapso no sería suficiente para justificar la rápida cancelación de un pasivo tan elevado.
Este caso no solo pone en el centro de la escena la situación patrimonial de Francisco Adorni, sino que también refleja la creciente preocupación sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos y la conducta de los funcionarios en el país. A medida que avanza la investigación, el foco está puesto no solo en el hermano del jefe de Gabinete, sino también en el contexto general de corrupción que ha salpicado a la política argentina en los últimos años. La sociedad espera respuestas claras y contundentes que permitan restablecer la confianza en las instituciones y en la administración pública.
La resolución del juez Casanello marca un paso importante en el proceso judicial, permitiendo que se profundice en el análisis de las finanzas de Francisco Adorni y, potencialmente, de otros funcionarios que podrían estar involucrados en situaciones similares. La expectativa es que este caso sirva como un llamado de atención sobre la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en la gestión de los recursos estatales, así como de la necesidad de rendir cuentas en todos los niveles del gobierno.
