El crecimiento económico proyectado para América Latina y el Caribe por parte del Banco Mundial, que estima un aumento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,1% en 2026, refleja una problemática estructural que afecta la movilidad social en la región. Esta cifra, levemente inferior al 2,4% previsto para el año anterior, posiciona nuevamente a América Latina como una de las áreas con el crecimiento más lento del mundo. Sin embargo, la verdadera preocupación radica en que este crecimiento no se traduce en una mejora significativa en las condiciones laborales ni en un descenso sustancial de la pobreza, ya que la informalidad laboral sigue siendo un fenómeno persistente y dominante.

La informalidad en el trabajo se ha convertido en una característica habitual de las economías latinoamericanas, afectando a una gran parte de la población activa. Este fenómeno está relacionado, en su mayoría, con un segmento de trabajadores que poseen un nivel educativo bajo y que se dedican a actividades económicas de menor envergadura. Además, muchos de estos trabajadores se encuentran en empleos por cuenta propia, donde la falta de beneficios y estabilidad genera una situación de vulnerabilidad que perpetúa la pobreza. El desafío radica en que el trabajo formal no ofrece incentivos suficientemente atractivos para que estos empleados se desplacen a un empleo más seguro y con mejores condiciones.

El informe del Banco Mundial resalta que los trabajadores autónomos en la región valoran, al igual que en economías más desarrolladas, la autonomía y el control sobre su trabajo. De hecho, encuestas realizadas en países como México y la República Dominicana revelan que alrededor del 80% de los asalariados preferiría ser emprendedores. Esta cifra contrasta notablemente con el 50% de preferencia registrado en los países de la OCDE, lo que pone de manifiesto una percepción distinta sobre el trabajo y la seguridad laboral en América Latina.

La elevada tasa de informalidad laboral impacta directamente en los salarios y en la capacidad de los trabajadores para acceder a aumentos sostenidos en la productividad. Esta situación refuerza la fragilidad de los ingresos, lo que a su vez dificulta aún más la reducción de la pobreza. La estructura laboral actual no logra generar suficientes empleos de calidad, lo que limita las oportunidades de progreso para amplios sectores de la población.

Un aspecto crítico que aborda el informe es la complejidad de medir la desigualdad en este contexto. La naturaleza volátil de los ingresos en los mercados laborales informales tiende a distorsionar los indicadores tradicionales de desigualdad. Según el análisis, las mediciones basadas en ingresos pueden sobrestimar las brechas de desigualdad en comparación con aquellas que se fundamentan en el consumo, lo que añade un nivel de complicación al análisis social en la región.

Para abordar este desafío, se propone implementar un enfoque dual que contemple tanto los ingresos como el consumo, dado que los altos niveles de informalidad laboral son una fuente importante de mediciones deficientes. A menudo, los ingresos informales no son reportados adecuadamente en las encuestas de hogares, lo que contribuye a una imagen distorsionada de la realidad económica. Además, estos ingresos suelen ser inestables, lo que agrava la dificultad para establecer una medición precisa de la situación social.

En Argentina, la situación no es diferente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desempleo abierta se sitúa en un 7,5% al finalizar el cuarto trimestre de 2025. Sin embargo, es fundamental considerar que este dato no refleja completamente la realidad del trabajo en el país, dado que un gran número de trabajadores se encuentra en la informalidad, lo que complica aún más el panorama económico y social. En conclusión, la informalidad laboral no solo limita el crecimiento económico, sino que también actúa como un freno para la erradicación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida en América Latina.