La reciente publicación de datos sobre la inflación en abril revela una desaceleración en el aumento de precios, pero esta tendencia no genera un alivio significativo para la mayoría de las familias argentinas. A pesar de que el índice de precios al consumidor (IPC) creció un 2,6% en el mes de abril, este descenso se enmarca en un contexto de caída del consumo y un deterioro del poder adquisitivo de la población. La situación se torna aún más preocupante al observar que más de la mitad de los hogares no logra cubrir la canasta básica alimentaria, lo que pone de relieve la profundidad de la crisis económica que atraviesa el país.
El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) informa que la inflación en abril mostró una disminución de 0,7 puntos porcentuales con respecto a marzo, atribuyendo esta caída a varios factores. Entre ellos, se incluyen una menor presión estacional en el área de educación tras el inicio del ciclo lectivo, así como una moderación en las tarifas de servicios y vivienda, que pasaron de un incremento del 5,6% al 3,9%. Sin embargo, el descenso más notable se registró en el sector de alimentos y bebidas, donde el aumento se redujo del 3,6% al 2,1%.
A pesar de estas cifras, el informe subraya que la disminución en los precios de los alimentos no es indicativa de una mejora estructural en la economía, sino que responde a una contracción en la demanda, producto del deterioro del ingreso real de las familias. En el acumulado del año, la inflación ya alcanza el 12,1%, superando en 2,1 puntos porcentuales lo que se había proyectado en el Presupuesto 2026. Al mismo tiempo, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo de cuatro personas se sitúa en $1.876.722, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se eleva a $1.029.591, evidenciando un aumento del 2,1% en el último mes y un incremento acumulado del 13,9% durante el año.
La precariedad en el acceso a alimentos se refleja en los datos de la encuesta de hogares realizada por el IETSE, que indica que el 56,8% de las familias no pudo cubrir la canasta alimentaria en abril. De aquellas que lograron hacerlo, el 71,4% recibió algún tipo de asistencia estatal, ya sea a través de transferencias directas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o mediante programas alimentarios. Estos números evidencian una dependencia creciente del apoyo gubernamental para satisfacer necesidades básicas, lo cual puede resultar insostenible a largo plazo.
La situación de inseguridad alimentaria es alarmante: el 11,4% de los hogares encuestados redujo su ingesta a una sola comida diaria o enfrentó situaciones de hambre. Además, el 21,5% reportó haber quedado sin alimentos en algún momento del mes, mientras que el 32,1% sintió hambre sin poder satisfacer esa necesidad. En este contexto, el 52,8% de las familias optó por recortar la cantidad de comidas, eliminando principalmente la cena.
Frente a la creciente dificultad para acceder a alimentos, muchas familias han tenido que recurrir a estrategias de financiación para cubrir sus necesidades básicas. El 88% de los hogares encuestados ha utilizado crédito, fiado o préstamos para poder comprar alimentos. Sin embargo, este mecanismo empieza a mostrar signos de saturación, con tarjetas de crédito al límite y un aumento en los niveles de morosidad e incobrabilidad. Por tanto, la situación se vuelve insostenible y plantea interrogantes sobre el futuro económico y social del país, donde el deterioro de las condiciones de vida parece ser una realidad cada vez más preocupante.
