La licitación para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay se ha convertido en un tema de creciente controversia, especialmente después de que la firma belga DEME expresara públicamente sus reservas sobre el proceso llevado a cabo por el gobierno de Javier Milei. La empresa ha manifestado su intención de apelar ante lo que considera irregularidades y falta de transparencia en una de las licitaciones más significativas de la administración actual. Este proyecto es crucial, ya que el corredor fluvial representa cerca del 80% de las exportaciones argentinas y se estima que generará ingresos superiores a los 300 millones de dólares anuales.
La situación se complica aún más al conocer que la compulsa ha quedado reducida a dos competidores: la actual operadora, Jan de Nul, y DEME, que cuenta con el apoyo de empresas y fondos estadounidenses. En este contexto, la controversia no solo gira en torno a las ofertas económicas, sino que también se relaciona con las conexiones políticas entre los actores involucrados, lo que ha llevado a cuestionar la imparcialidad del proceso. En particular, se señala el vínculo de los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes tienen una relación cercana con el asesor presidencial Santiago Caputo, lo que genera inquietudes sobre la transparencia en la adjudicación.
Los Neuss provienen de una familia con una larga trayectoria en el ámbito empresarial argentino y han diversificado sus operaciones de manera considerable en los últimos años. Desde la producción de bebidas hasta la logística y la energía, su influencia ha crecido notablemente en el marco de la gestión liberal actual. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar si la proximidad política de los Neuss con el poder ha influido en la dirección que ha tomado la licitación de la Hidrovía, así como en la evaluación de las ofertas presentadas.
A pesar de que aún no se ha formalizado la adjudicación, DEME ha mostrado su descontento con los resultados preliminares del análisis técnico y económico. Frederic Dryhoel, portavoz de la empresa, expresó su desilusión, afirmando que esperaban una licitación justa y equitativa. En este sentido, DEME ha resaltado que su propuesta fue “altamente competitiva y transparente”, alineada con los estándares internacionales, y refleja su experiencia en proyectos de gran escala relacionados con concesiones portuarias y fluviales.
En medio de este clima de incertidumbre, la firma belga ha indicado que está revisando el proceso con detenimiento, y considera la posibilidad de presentar una apelación, en colaboración con sus socios y asesores. DEME ha estado cuestionando las condiciones de la licitación durante varios meses, insinuando que podría haber un direccionamiento hacia la actual concesionaria, lo que plantea serias dudas sobre la equidad del proceso.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de DEME es el elevado costo para presentar impugnaciones u objeciones, que asciende a 10 millones de dólares. Según la compañía, esta exigencia es inusual y plantea interrogantes sobre la transparencia del procedimiento. “No existe en el mundo un país que demande tal suma para presentar objeciones en un proceso licitatorio”, afirmaron, evidenciando así su preocupación por las condiciones que rodean la licitación de la Hidrovía.
