El Gobierno autorizó casi 200 millones de euros en suplementos de crédito y créditos extraordinarios entre enero y junio de 2026 para garantizar el funcionamiento de las mutuas colaboradoras y de los servicios comunes de la Seguridad Social. Las operaciones se produjeron en un contexto de Presupuestos prorrogados desde 2023 y alcanzaron un total de 39 ampliaciones presupuestarias durante el primer semestre del año.
Según la documentación oficial remitida por la Seguridad Social al Congreso, en el primer trimestre se aprobaron 13 operaciones por un importe conjunto de 76,16 millones de euros. Entre abril y junio, la cifra aumentó hasta 121,2 millones, distribuidos en 26 operaciones. De este modo, el monto autorizado en la primera mitad de 2026 ascendió a 197,36 millones de euros.
Los suplementos y créditos extraordinarios están contemplados en la Ley General Presupuestaria de 2003, que establece además la obligación del Gobierno de enviar a las Cortes un informe trimestral sobre los fondos concedidos. Los recursos fueron destinados al pago de las nóminas del personal, a gastos corrientes en bienes y servicios y a distintas inversiones que no estaban incluidas en la planificación presupuestaria elaborada tres años atrás.
En materia de personal, las mutuas también requirieron fondos adicionales para adecuar las retribuciones de sus plantillas a los incrementos salariales. La utilización de estas herramientas presupuestarias permitió sostener los gastos operativos de las entidades y de los servicios comunes de la Seguridad Social durante el período analizado.
