Mendoza, lejos de ser un simple accidente geográfico, es el resultado del esfuerzo humano por superar la aridez del entorno. Sin embargo, en el año 2026, esa lucha parece desmoronarse. Pasear por las áreas productivas de la provincia no evoca un ambiente festivo, sino que se asemeja a un recorrido por una industria acorralada por un modelo macroeconómico que ignora la producción y un gobierno provincial que ha optado por la inacción en políticas agropecuarias.

El sector vitivinícola, en particular, ha caído en la trampa del llamado “libre mercado”, que en la práctica ha facilitado la transferencia de recursos desde los pequeños productores hacia grandes corporaciones. Las expectativas de que una mejor gestión macroeconómica llevaría a la prosperidad han sido desmentidas por datos alarmantes. Entre diciembre de 2023 y fines de 2025, la inflación nacional acumuló un asombroso 186%, mientras que el precio del vino tinto común apenas creció un 70%. En contraste, los costos asociados a la producción, como gas y electricidad, se dispararon un 393%, generando una brecha insostenible que puede considerarse una sentencia de quiebra para muchos.

Esta situación no se atribuye a factores climáticos, sino a un “dólar estabilizado” y un aumento constante de costos que han dejado a los productos argentinos fuera del mercado internacional. La respuesta del gobierno de Mendoza ante esta crisis ha sido la indiferencia hacia los trabajadores y productores, los más afectados por esta situación. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) ha decidido convocar a un paro nacional tras calificar como insuficiente la oferta salarial presentada en la última paritaria. Por otro lado, el Banco de Vinos, creado para evitar la caída de precios por sobreproducción, permanece inactivo ante el colapso del mercado, proyectando un stock que supera los límites saludables. Mientras tanto, el sector se enfrenta a un futuro incierto, con precios que apenas cubren los costos de producción.