El conflicto por la administración del Puerto de Ushuaia ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora tiene la responsabilidad de resolver el litigio. Este desarrollo se produjo tras una serie de movimientos judiciales en los tribunales del sur, y el expediente fue presentado oficialmente el 18 de febrero en la Secretaría de Juicios Originarios.
La situación se intensificó cuando el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, se declaró incompetente en la causa el 10 de febrero, en respuesta a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el gobernador Gustavo Melella contra el Estado Nacional. Tanto el fiscal federal interino Fernando Rota como el gobierno de Tierra del Fuego, representado por el abogado Antonio María Hernández, buscaron acelerar el proceso, pidiendo la elevación del expediente a la Corte.
La jueza federal subrogante Mariel Borruto asumió el caso tras la licencia del juez Calvete, ordenando la remisión digital del expediente. La disputa se originó a partir de una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que suspendió la habilitación del muelle por supuestas deficiencias de seguridad. El gobierno nacional argumenta que la provincia ha violado un convenio que data de 1992, lo que ha generado tensiones en la gestión del puerto más austral del país.
