Un reciente fallo de la Justicia bonaerense ha puesto de manifiesto la responsabilidad que tienen las autoridades en la custodia de bienes de los ciudadanos. En este caso, se ordenó a una municipalidad indemnizar a una mujer tras la desaparición de su vehículo, un Peugeot 306 modelo 1999, que se encontraba bajo la custodia del Estado. La decisión judicial establece que la mujer deberá recibir 2.400.000 pesos más intereses, en reconocimiento a la responsabilidad que la municipalidad tuvo en la pérdida de su automóvil.

La historia comenzó a fines del año 2024, cuando la propietaria del vehículo, de 28 años, inició una demanda tras descubrir que su automóvil había desaparecido. Según los documentos presentados, el conflicto tuvo su origen en un control de tránsito realizado en enero de ese mismo año, donde el auto fue secuestrado por las autoridades debido a una infracción cometida por el padre de la dueña. El vehículo fue trasladado a un predio destinado a la retención de automóviles, donde se suponía que debería haber permanecido bajo custodia.

El fallo judicial detalla que, tras cumplir con las sanciones administrativas correspondientes, se emitió una orden de devolución a principios de septiembre de 2024. Sin embargo, cuando la joven se presentó para recuperar su auto, las autoridades le comunicaron que el vehículo ya no se encontraba en el lugar. Posteriormente, la municipalidad notificó que el Peugeot había sido compactado como parte de un proceso de descontaminación, pero no presentó la documentación que respaldara dicha afirmación, lo que generó aún más confusión y desconfianza.

Ante la falta de información clara sobre el destino de su auto, la mujer decidió formalizar un reclamo a la comuna. La situación se tornó aún más compleja cuando recibió respuestas contradictorias de las autoridades, lo que la llevó a iniciar un proceso legal. En su demanda, solicitó el valor de mercado de su vehículo, que se estimaba en más de cuatro millones de pesos, así como la incorporación de intereses y el beneficio de litigar sin gastos.

En la etapa de contestación del juicio, la municipalidad se defendió negando haber compactado el vehículo y argumentó que la responsabilidad de su custodia había sido transferida a la Policía provincial en un predio cedido por la misma municipalidad. Según su versión, la desaparición del auto se produjo en un momento posterior a esta cesión, lo que, según ellos, eximía a la administración local de culpa en el suceso.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Mar del Plata analizó exhaustivamente las pruebas documentales presentadas en el caso, incluyendo informes internos y actas de secuestro. A partir de este análisis, el tribunal concluyó que hubo una intervención conjunta de personal municipal y policial en el proceso, desde el momento del secuestro hasta la custodia del coche. La sentencia resaltó que la responsabilidad del Estado se activa cuando un bien es retirado de su propietario por una autoridad, que asume el deber de custodia y debe restituirlo en condiciones similares a las originales, salvo que existan causas justificadas.

Este fallo no solo representa un triunfo para la demandante, sino que también establece un importante precedente sobre la responsabilidad del Estado en la custodia de bienes de los ciudadanos. La resolución judicial subraya la necesidad de que las autoridades actúen con mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de vehículos secuestrados, garantizando así los derechos de los ciudadanos y la confianza en las instituciones.