La diputada nacional Mónica Frade, perteneciente a la Coalición Cívica, ha formalizado una denuncia penal que ha comenzado a generar un fuerte eco en el ámbito político y económico. Esta denuncia tiene como objetivo investigar el otorgamiento de significativos créditos por parte del Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al partido La Libertad Avanza (LLA). Frade ha solicitado a la Justicia que examine si se han producido irregularidades en la concesión de estos préstamos, que podrían constituir delitos como tráfico de influencias y administración fraudulenta.
En su denuncia, la legisladora pone de relieve que los montos de los créditos recibidos no se alinean con los ingresos de los beneficiarios ni con su capacidad de pago. Según la normativa del Banco Central, las entidades están obligadas a evaluar la "capacidad de repago" del deudor, considerando tanto sus ingresos como la estabilidad de los mismos. Frade señala que la concesión de estos préstamos a funcionarios públicos, a quienes se les exige una permanencia en sus cargos, y a legisladores con plazos de permanencia definidos, revela fallas en la evaluación crediticia. La situación es aún más preocupante, dado que el Banco parece haber otorgado financiación sabiendo que los deudores eventualmente entrarían en mora.
La controversia ha cobrado fuerza esta semana, cuando comenzó a circular en la red social X información sobre la obtención de créditos millonarios por parte de funcionarios, legisladores y referentes del actual gobierno, coincidiendo con la llegada de Javier Milei a la presidencia. Esta información se basa en datos publicados en un sitio web llamado “¿Cuánto deben?”, creado por el programador Andrés Snitcofsky. Este portal permite visualizar la evolución mensual de las deudas de figuras públicas, utilizando datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Entre los funcionarios mencionados en este análisis, se encuentran figuras con fuertes lazos tanto con el Ministerio de Economía como con el propio BCRA. Por ejemplo, Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, presenta una deuda inicial de $373.000.000. Otro señalado es Federico Furiase, exdirector del BCRA y secretario de Finanzas, quien también carga con un pasivo de $367.059.000. Asimismo, Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital y responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, es mencionado con un crédito de $112.948.000, mientras que varios diputados de LLA, como Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, tienen deudas que oscilan entre $230.000.000 y $279.000.000.
Ante estas acusaciones, el Banco Nación ha emitido un comunicado en el que asegura que el proceso de acceso a los préstamos es homogéneo y no contempla excepciones. Sin embargo, se ha señalado que a partir de 2024 se implementará una línea de créditos diferenciada para empleados y funcionarios públicos, que incluye beneficios que no están disponibles para los clientes comunes. Esta situación ha generado un debate sobre la equidad en el acceso a la financiación pública.
En medio de esta polémica, el diputado Mariano Campero ha respondido a las acusaciones, considerándolas "maliciosas" y reivindicando que no se trata de un crédito discrecional ni excepcional. Según su versión, se trata de una línea hipotecaria en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo) que está abierta a todos los ciudadanos argentinos que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a este tipo de préstamos. Sin embargo, la denuncia de Frade y la atención mediática que ha recibido esta situación abren un capítulo de escrutinio sobre la transparencia y la ética en la gestión de recursos públicos en el actual contexto político.
