La indagación liderada por el fiscal federal Franco Picardi sigue desvelando una compleja red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se han identificado múltiples empresas y lobistas que facilitaron la conexión entre el sector privado y el organismo estatal. En el centro de esta trama se encuentra Miguel Ángel Calvete, quien ha sido señalado como el supuesto "jefe en las sombras" de la agencia, y que, según los documentos judiciales, habría manipulado procesos de contratación pública en beneficio propio y de su círculo cercano.
El caso, que se tramita en el Juzgado Federal N° 11 bajo la supervisión del juez subrogante Ariel Lijo, ha puesto en la mira a 14 empresas que tienen vínculos directos o indirectos con Calvete. Estas firmas supuestamente habrían participado en un esquema que les permitió acceder a contratos gubernamentales de forma irregular, beneficiándose de un sistema que podría haberles exigido el pago de comisiones de entre el 12% y el 20% de las sumas adjudicadas. Esta dinámica ha llevado a un escenario donde la corrupción se entrelaza con la gestión pública, planteando serias interrogantes sobre el uso de fondos destinados a la discapacidad.
Desde que se desató el escándalo tras la difusión de audios comprometedores de Diego Spagnuolo, un conocido lobista que se encuentra actualmente en prisión por una condena previa, las sospechas sobre el actuar de Calvete han crecido exponencialmente. Este individuo, padre de Ornella Calvete, quien fue funcionaria del Ministerio de Economía, ha sido reconocido por su presencia mediática y su rol como portavoz de los supermercados chinos. Sin embargo, su legado en el ámbito de la ANDIS se ha visto empañado por las acusaciones de liderar una asociación ilícita que se benefició de coimas a partir de las adjudicaciones.
La fiscalía ha estimado que la ANDIS representó una caja de más de 75 mil millones de pesos para la organización que Calvete supuestamente lideraba. Según la investigación, el lobista habría utilizado su propia empresa, Indecomm SRL, como plataforma para canalizar estas irregularidades. Indecomm, que se posicionó como proveedora de la ANDIS, participó en numerosas licitaciones en el ámbito de las amputaciones, logrando adjudicaciones en varias oportunidades, lo que plantea la posibilidad de que las operaciones de la firma estuvieran alineadas con la corrupción sistémica que se investiga.
Además, se ha detectado que Indecomm emitió facturas a nombre de otras empresas proveedoras de ANDIS, como Probock SRL y Laboratorio Ortopédico Sagues SRL, entre otras. La hipótesis del fiscal Picardi sugiere que estas facturaciones podrían ser simuladas y que su propósito era conferir una apariencia de legalidad a transferencias que, en realidad, correspondían a sobornos a cambio de adjudicaciones. Este tipo de maniobras no solo infringe la ley, sino que también socava la confianza en las instituciones públicas, generando un impacto negativo en la sociedad, especialmente en aquellos que dependen de los servicios de discapacidad.
Otro actor clave en esta investigación es Bymax Medical SRL, otra empresa estrechamente relacionada con Calvete. Esta firma ha experimentado un crecimiento notable en su capital social, que pasó de $100.000 a $300.000.000 en 2025, lo que ha levantado sospechas sobre su estructura accionaria y su conexión con la red de corrupción. El gerente de Bymax, Patricio Acosta, es pareja de Lorena Di Giorno, una exfuncionaria procesada que estaba alineada con Calvete, lo que refuerza la idea de un entramado que favorecía a determinados actores dentro del sistema.
La magnitud de esta investigación pone de manifiesto no solo la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de recursos públicos, sino también la urgencia de implementar reformas que aseguren un control más riguroso de las contrataciones estatales. La corrupción en la ANDIS es un claro ejemplo de cómo los intereses privados pueden socavar el bienestar colectivo, y es fundamental que la justicia actúe con firmeza para desmantelar estas redes ilícitas y devolver la confianza a la ciudadanía en sus instituciones.
