La trama de estafa vinculada a Conexión Ganadera en Uruguay continúa desarrollándose, con nuevas declaraciones que arrojan luz sobre el entramado financiero del fondo ganadero. Luego de que tres de sus principales socios fueran imputados, la atención se centra ahora en familiares cercanos a estos involucrados, quienes presuntamente desempeñaron un papel clave en la captación de fondos de inversores a cambio de una renta fija del 7% anual. Sin embargo, este sistema se reveló como un esquema Ponzi, que colapsó ante la incapacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones hacia los clientes.
La imputación recae sobre tres personas: Pablo Carrasco, una de las figuras más visibles de Conexión Ganadera, enfrenta cargos de estafa y lavado de activos y se encuentra en prisión preventiva. Su esposa, Ana Iewdiukow, también está acusada de los mismos delitos y fue recluida en otro centro penitenciario. La tercera imputada es Daniela Cabral, viuda del director Gustavo Basso, quien solo enfrenta cargos por estafa.
En esta semana, la investigación se ha ampliado para incluir a los hijos de los directores, quienes, según las defensas de las víctimas, pudieron haber estado implicados activamente en la estafa. Marcela Carrasco, hija de Pablo, prestó declaración ante el fiscal Enrique Rodríguez, explicando transferencias que suman casi 16 millones de dólares realizadas desde 2018. Aseguró que estas operaciones estaban relacionadas con su trabajo en una corredora de bolsa y que contaba con la auditoría correspondiente. Además, se discutió su relación con la Fundación Sophia, que recibió patrocinio de Conexión Ganadera, aunque ella insistió en que su papel fue limitado a la asesoría en proyectos específicos.
