El día de hoy, el fiscal federal Gerardo Pollicita comenzará a tomar declaraciones testimoniales a dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, en el marco de la investigación que busca esclarecer el presunto enriquecimiento ilícito del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este caso ha cobrado relevancia en el ámbito judicial y mediático, no solo por la figura del funcionario sino también por los detalles que rodean la transacción de un departamento en el barrio de Caballito, donde las mencionadas jubiladas jugaron un papel crucial en el financiamiento de la compra.
Las jubiladas, Viegas y Sbabo, son las vendedoras del departamento adquirido por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en la calle Miró al 500. La operación, que se formalizó el 18 de noviembre de 2025, tuvo un valor total de 230.000 dólares, de los cuales Adorni abonó un adelanto de 30.000 dólares y contrajo una deuda de 200.000 dólares. En el marco de la investigación, las jubiladas deberán presentar sus teléfonos celulares, lo que permitirá a la fiscalía acceder a registros de llamadas, mensajes y correos electrónicos que puedan ser relevantes para el caso.
Este proceso judicial se amplía, ya que la próxima semana se espera la declaración de los dueños de la inmobiliaria que facilitó la compraventa. Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, han sido citados para el lunes 20 a partir de las 9 de la mañana. La fiscalía busca esclarecer no solo los términos de la venta, sino también las relaciones personales y profesionales que pudieron haber influido en este tipo de transacciones.
El miércoles 22 de abril, será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas. En un giro inesperado, se ha informado que Feijoo es amigo de Adorni, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de la transacción. La escribana Adriana Nechevenko, involucrada en el proceso, ha comentado que la hipoteca fue otorgada a un año sin intereses debido a la confianza entre las partes, lo que añade más complejidad a la situación.
La investigación no se limita a la compra del departamento en Caballito, sino que también se extiende a otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá. En este contexto, se espera la declaración del ex propietario, Juan Ernesto Cosentino, así como la comparecencia de Matías Tabar, el contratista encargado de las reformas en dicho inmueble. El fiscal Pollicita ha solicitado a Tabar que presente toda la documentación relacionada con las obras, lo que podría brindar una visión más clara sobre el alcance de las actividades de construcción asociadas.
Las acusaciones contra Adorni se originaron a partir de una serie de denuncias que surgieron por su viaje en un avión privado a Punta del Este, lo que generó dudas sobre la legalidad de sus ingresos y sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción. La situación se complica aún más con la revelación de que Adorni tiene una deuda de 70 mil dólares más intereses vinculada a otra propiedad ubicada en Asamblea al 1100, deuda que vence en noviembre de este año. Además, el juez Ariel Lijo ha dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario, su esposa y las cuatro acreedoras involucradas.
La complejidad del caso, sumada a la interconexión entre las personas implicadas, plantea un escenario delicado para la administración actual. La fiscalía sigue recogiendo evidencia y testimonios que puedan arrojar luz sobre las actividades de Adorni y su círculo cercano, en un contexto donde la percepción pública y la confianza en las instituciones se ven cada vez más comprometidas. Esta situación no solo afecta la imagen del jefe de Gabinete, sino que también reaviva el debate sobre la transparencia y la ética en la gestión pública.
