La licitación de la Hidrovía, un eje crucial para el transporte del 80% de las exportaciones argentinas de granos y sus derivados, se encuentra bajo la lupa de la Justicia. Este proceso, que involucra inversiones de capitales internacionales y tiene un valor económico significativo, ha sido objeto de denuncias por presuntas irregularidades que han llevado al Ministerio Público Fiscal a iniciar una investigación formal. La situación se tornó crítica debido a la posibilidad de que se hayan omitido pasos esenciales o realizado alteraciones que comprometen la transparencia del concurso.
El dictamen emitido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) destaca que el proceso de licitación presenta elementos que merecen un análisis profundo por su posible implicancia legal. Se hace especial hincapié en que, a pesar de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó los pliegos, se recibieron múltiples denuncias que apuntan a irregularidades en la tramitación del concurso. Estas quejas provienen de diversos sectores, incluyendo organizaciones ambientalistas y consorcios portuarios, así como de una de las empresas que está concursando.
Desde la PIA se ha señalado una preocupante falta de transparencia en el proceso, lo que podría derivar en una vulneración de principios administrativos fundamentales. La ausencia de criterios objetivos para la evaluación de las ofertas técnicas ha generado un escenario donde la Comisión Evaluadora podría tener un margen de discrecionalidad que favorezca decisiones subjetivas. Este hecho no solo perjudica la libre competencia, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad del proceso licitatorio.
En el centro de este escándalo se encuentran las firmas belgas Jan De Nul y DEME, quienes han estado operando en la Hidrovía durante años. La controversia se intensifica con la sospecha de que se habrían excluido a competidores más sólidos, en particular de origen chino, lo que sugiere un direccionamiento de la licitación. El pliego presentado por Jan De Nul, que abarca dragado y balizamiento, incluye la participación de socios nacionales que, aunque no son explícitamente mencionados, tienen conexiones con figuras prominentes del ámbito político y empresarial argentino.
Entre los actores que podrían estar involucrados en esta red se encuentran el Grupo Neuss, conocido por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri y por su creciente influencia en el sector estatal, así como el Grupo Román, dirigido por Alfredo Román, un empresario destacado en el ámbito logístico. El empresario Juan Ondarcuhu, quien lidera un consorcio que posee terminales en el puerto de Rosario, también figura en esta compleja trama de intereses.
La Justicia ha observado que la ANPYN ha repetido errores que ya habían sido señalados en licitaciones anteriores, lo que refuerza la preocupación sobre la falta de aprendizaje y mejora en los procesos administrativos del organismo. Las pruebas e irregularidades detectadas han sido entregadas a la Fiscalía Federal N° 9 de Buenos Aires, donde se espera que se profundice la investigación y se tomen medidas adecuadas para garantizar la transparencia y equidad en la licitación.
En un contexto donde la transparencia y la ética en la gestión pública son más necesarias que nunca, el futuro de la licitación de la Hidrovía se presenta incierto. La investigación podría arrojar luz sobre cómo se manejan los intereses económicos en torno a un recurso estratégico para la economía nacional. La comunidad espera que se tomen decisiones que no solo limpien el proceso actual, sino que también establezcan un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.
