El fiscal federal Gerardo Pollicita ha iniciado una investigación formal sobre el patrimonio de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete del gobierno argentino. Esta acción surge en el marco de una causa que indaga un presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. En su requerimiento, Pollicita argumenta que hay elementos suficientes para profundizar en el examen de la situación patrimonial del funcionario, lo que ha generado un amplio debate sobre la transparencia en el manejo de los bienes públicos.

La denuncia a la que hace referencia la fiscalía sugiere que Adorni podría haber incrementado su patrimonio de forma desproporcionada en comparación con sus ingresos legítimos como funcionario. Este incremento se ha señalado como contradicciones significativas entre sus declaraciones juradas, lo que a su vez alimenta las sospechas sobre la omisión de activos financieros y posibles depósitos en el exterior. La gravedad de estas acusaciones ha llevado al fiscal a solicitar una serie de medidas de prueba para esclarecer la situación.

Uno de los puntos más preocupantes que se menciona en la denuncia es el supuesto aumento del 500% en el patrimonio de Adorni durante un período fiscal específico. Además, se ha señalado que el funcionario declaró poseer una cantidad considerable de dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos, así como un alto nivel de endeudamiento. Estos datos son alarmantes y ponen en tela de juicio la ética y la legalidad de las actividades financieras de un alto funcionario del gobierno.

Otro aspecto que se encuentra bajo la lupa es la supuesta existencia de un inmueble no declarado en un country de la provincia de Buenos Aires. En particular, se menciona una propiedad en el Country Indio Cúa Golf Club, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, que no figura en la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Esta omisión, en caso de confirmarse, podría constituir una violación grave de las normativas que rigen la transparencia en la declaración de bienes por parte de los funcionarios públicos.

La denuncia también sugiere que múltiples fuentes indican que tanto Adorni como su pareja habrían estado involucrados en la construcción de una vivienda que no ha sido reportada en su declaración jurada. Esta situación genera serias dudas sobre la integridad de sus declaraciones y la veracidad de la información que han proporcionado a los organismos de control. En este contexto, la fiscalía ha solicitado informes a diversos registros de propiedad, así como a la Oficina Anticorrupción y la ANSES, con el fin de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la titularidad de sus bienes.

La magnitud de las acusaciones y la seriedad de las implicancias posibles han llevado a Pollicita a solicitar un total de doce medidas de prueba. Entre ellas, se encuentran requerimientos de información a organismos nacionales y provinciales que permitirán obtener un panorama más claro sobre la situación patrimonial de Adorni. Este caso no solo impacta en la figura del jefe de Gabinete, sino que también plantea interrogantes sobre la ética administrativa y el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.