La disputa por el suministro de insumos para los ambiciosos megaproyectos que buscan ingresar al nuevo régimen conocido como Súper RIGI ha escalado al ámbito legislativo, con la industria nacional intensificando sus esfuerzos para asegurar una participación significativa en las millonarias inversiones que se avecinan. Recientemente, se logró incorporar un mínimo de 20% de compras a proveedores locales en el dictamen de mayoría, aunque las organizaciones industriales consideran que este avance aún no es suficiente. La principal preocupación radica en que el requisito no diferencia entre bienes y servicios, lo que podría diluir el impacto positivo sobre la producción local.
La modificación en cuestión, que establece un cupo mínimo para proveedores locales, representa un cambio notable respecto a la propuesta inicial, que no contemplaba un porcentaje específico destinado a la producción nacional. Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), resaltó que durante las discusiones en las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, se incluyó este requerimiento, aunque aún queda un largo camino por recorrer antes de su aprobación definitiva en el recinto. La inquietud de la UIA es que, sin un enfoque claro en bienes, el porcentaje podría ser fácilmente cumplido mediante servicios que se contratan localmente, pero que no necesariamente benefician directamente a la industria manufacturera.
Desde la UIA, se argumenta que la falta de especificidad en la redacción del dictamen podría llevar a que parte del 20% se cumpla a través de contrataciones de servicios, como obras o mantenimiento, que no generan una demanda efectiva de productos fabricados en el país. "Si realmente buscamos fomentar la integración local y el desarrollo de proveedores, es esencial que este 20% se limite a bienes con valor agregado argentino", enfatizó Bermúdez, subrayando que hay capacidad industrial suficiente para satisfacer estas necesidades. La entidad industrial ha dejado en claro que su principal objetivo es que este requerimiento se traduzca en beneficios tangibles para la producción nacional.
La UIA ha sostenido que los incentivos previstos inicialmente para los proveedores locales dentro del marco del Súper RIGI eran considerablemente inferiores a los brindados en el régimen anterior. En este sentido, la organización ha instado a los legisladores a avanzar hacia un esquema que fomente de manera más efectiva el desarrollo de cadenas de valor locales, algo que consideran esencial para el crecimiento de la industria argentina. La inclusión del 20% de compras a proveedores locales es vista como un primer paso, pero aún persisten dudas sobre su efectividad si no se realizan modificaciones adicionales.
Uno de los puntos críticos mencionados durante las presentaciones ante la Comisión de Industria es que la experiencia del régimen anterior, el RIGI, evidenció limitaciones en la integración de proveedores nacionales. La UIA ha señalado que, en muchos casos, las inversiones se destinaron a cubrir gastos que no generaron una real demanda por productos manufacturados en el país. Esto refuerza la necesidad de que el nuevo régimen no solo contemple cifras, sino que también promueva un verdadero compromiso con la industria nacional.
Con el debate legislativo en pleno desarrollo, el futuro de las inversiones en el marco del Súper RIGI dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en torno a la regulación de los requisitos para los proveedores. La industria argentina se encuentra en un momento crucial, donde la definición de estos parámetros puede marcar la diferencia entre un crecimiento sostenido o una mera formalidad que no impulse la producción local. La presión sobre los legisladores para que se escuchen las demandas de la UIA continuará en aumento, dado el potencial impacto que estas decisiones tendrán en la economía y el empleo en el país.
