El régimen de Vivienda Promovida se ha convertido en uno de los pilares del mercado inmobiliario uruguayo en los últimos años. Gracias a un marco normativo claro y a incentivos fiscales, el país logró edificar más de 60.000 viviendas nuevas y atraer inversiones privadas en diversas áreas del sector.

Esta normativa se basa en la Ley 18.795, aprobada en 2011 y actualizada recientemente, que establece un sistema de estímulos fiscales para fomentar proyectos residenciales en zonas urbanas. Desde su implementación, este mecanismo ha demostrado ser crucial para la reactivación de la actividad en el sector inmobiliario.

La creación de la Oficina del Inversor, que opera bajo la Agencia Nacional de Vivienda de Uruguay (ANV), ha facilitado la comunicación entre el sector público y los desarrolladores privados. Según Alfonso Lereté, director de la ANV, esta oficina se ha convertido en un eslabón fundamental para canalizar gran parte de la inversión privada en vivienda, generando empleo y mejoras urbanas significativas.