El Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) es considerado por muchos economistas como una de las cargas más perjudiciales para el desarrollo económico del país. Junto a las retenciones, este impuesto se encuentra en el centro del debate sobre la necesidad de reformar un sistema tributario que, en su diseño actual, afecta de manera desproporcionada a los sectores productivos. A pesar de su impacto negativo, la discusión sobre su eliminación no ha avanzado de manera significativa, y el argumento de que "la necesidad mata relato" se ha erigido como justificación para mantener un esquema que no favorece la inversión ni el crecimiento sostenido.
Desde la aprobación del Régimen de Incentivo a la Generación de Inversiones (RIGI), se han escuchado propuestas para extender los beneficios fiscales a diversas áreas de inversión. Sin embargo, el verdadero desafío radica en generar grandes inversiones que permitan, efectivamente, reducir la carga fiscal de manera sostenible. La minería del cobre emerge como una de las actividades que podría transformar el panorama económico de las provincias donde se encuentra este mineral estratégico, especialmente en el contexto de la transición energética que se planteó a nivel global hace más de una década.
La demanda de cobre está proyectada a aumentar de forma exponencial en los próximos años, impulsada por la necesidad de avanzar hacia la electromovilidad, la adopción de energías renovables y el crecimiento de la infraestructura tecnológica. De acuerdo con estimaciones, el consumo de cobre podría duplicarse entre 2022 y 2042, alcanzando los 44 millones de toneladas anuales. Este aumento en la demanda representa una oportunidad única para aquellas provincias ricas en recursos minerales, que podrían convertirse en motores de desarrollo económico y social.
Para alcanzar una producción anual de 300.000 toneladas de cobre fino, como es el caso de los proyectos Vicuña, Pachón o Taca Taca, se requerirá procesar más de 900.000 toneladas de concentrados. Esto implica una extracción diaria de más de 250.000 toneladas de mineral, lo que no solo generará miles de empleos directos e indirectos, sino que también dinamizará diversas actividades económicas relacionadas, como el transporte y procesamiento del mineral. Esta escala de operación tiene el potencial de transformar la economía local, mediante la creación de una cadena de valor robusta y sostenida.
El trabajo realizado por la Subsecretaría de Minería de la Nación ha puesto de relieve datos significativos sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de San Juan, que ilustran el impacto positivo de la minería en su economía. Entre 2004 y 2015, San Juan experimentó un crecimiento del 146% en su PBG, en comparación con un aumento del 49% del PBI nacional. Este crecimiento fue impulsado por el sector de minas y canteras, que en 2015 representó un 18% del PBG provincial, a pesar de las dificultades que enfrentó el sector por la caída de los precios internacionales de los metales.
La atracción de inversiones extranjeras en proyectos de minería de cobre podría ser crucial para el desarrollo de infraestructuras en las provincias productoras, incluyendo plantas de procesamiento y alojamientos para trabajadores. Se estima que en los primeros tres años de operación, estas iniciativas podrían generar un aporte significativo a la economía local, creando miles de empleos y fomentando el crecimiento de otras industrias. En un contexto donde el país busca alternativas para mejorar su situación fiscal, la minería del cobre se presenta como una opción viable para reducir el IIBB y, al mismo tiempo, potenciar el desarrollo regional.
