La discusión en torno a la reforma laboral en el Congreso ha suscitado un intenso debate técnico y jurídico, especialmente en lo que respecta a las implicancias para los contratos de trabajo ya vigentes. La forma en que se aplicarán las nuevas normas a los trabajadores que actualmente están bajo la legislación vigente se ha convertido en un tema central de análisis, dado que cualquier modificación en las condiciones de contratación y despido podría influir significativamente en los costos empresariales y en los derechos de los empleados permanentes.

El proyecto de reforma, tal como fue aprobado, establece que las nuevas disposiciones también se aplicarán a los contratos existentes, particularmente en lo que se refiere a la terminación de los mismos. Aunque el sistema jurídico argentino generalmente respeta el principio de irretroactividad, que previene que nuevas leyes alteren derechos ya adquiridos, el ámbito laboral presenta particularidades que podrían hacer que ciertas condiciones de los contratos en curso se vean afectadas.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la modificación en el régimen de indemnizaciones. Se prevé la posibilidad de reemplazar el modelo tradicional de compensación por despido con fondos de cese laboral o esquemas de capitalización, similares a los utilizados en el sector de la construcción. Esto significaría que, en caso de despido de un trabajador con antigüedad luego de la promulgación de la reforma, el cálculo de su liquidación se haría bajo las nuevas condiciones, lo que podría resultar en una disminución del monto que las empresas tendrían que pagar al momento de la desvinculación.

Además, la reforma busca extender el período de prueba de los actuales tres meses a un rango de seis a ocho meses, dependiendo del tamaño de la empresa. Sin embargo, los trabajadores que ya han superado este período y cuentan con estabilidad laboral no podrán ser devueltos a una situación de prueba, ya que la estabilidad adquirida bajo la legislación anterior se considera un derecho que no puede ser alterado sin incurrir en posibles conflictos constitucionales. Por último, se introduce una mayor flexibilidad en la jornada laboral mediante la implementación de un “banco de horas”, lo que podría cambiar la dinámica laboral en diversas industrias.