En el marco de la investigación sobre el vuelo privado que llevó a Manuel Adorni y su familia a Punta del Este, Vanesa Tossi, una testigo clave del caso, ha denunciado hostigamiento por parte de Marcelo Grandío, un periodista vinculado al Jefe de Gabinete. Esta situación ha llevado a que la Justicia imponga medidas restrictivas contra Grandío, que le prohíben acercarse a Tossi o comunicarse con ella de cualquier manera. El desarrollo de este episodio no solo resalta la gravedad de las acusaciones, sino que también pone de relieve la intrincada red de relaciones que se teje en torno a figuras políticas y mediáticas en Argentina.
Tossi, que trabaja para la empresa Jag Executive Aviation, fue convocada para declarar sobre su participación en la organización del vuelo privado. En su testimonio, Tossi explicó que Grandío la contactó con el objetivo de obtener una cotización para un viaje que involucraba a la familia de Adorni. En su relato, la testigo mencionó que Grandío había solicitado que el vuelo no fuera facturado inicialmente, pero después acordaron facturar solamente el tramo de ida, lo que demuestra la falta de transparencia en la operación.
La situación se tornó más complicada cuando Tossi, tras cumplir con la solicitud de Grandío, comenzó a recibir comunicaciones que consideró intimidatorias. En este contexto, decidió denunciar el hostigamiento ante la Justicia, que rápidamente respondió con la imposición de tres restricciones a Grandío. Estas prohibiciones incluyen la prohibición de contacto directo o indirecto, así como el acercamiento a los lugares que frecuenta la testigo. De esta forma, la Justicia busca proteger a Tossi mientras se esclarecen los hechos.
El trasfondo de este caso revela el nivel de intriga y las dinámicas de poder que pueden estar en juego. Tossi comentó que, tras enviar la propuesta a Grandío, se enteró de que los pasajeros eran el Jefe de Gabinete y su familia. Esto añade un nivel de complejidad a la situación, ya que se trata de figuras públicas que deben rendir cuentas sobre sus acciones y decisiones. La decisión de Grandío de evitar la facturación del vuelo genera interrogantes sobre la legalidad y la ética de la operación.
La testigo también indicó que Grandío le había solicitado intentar vender pasajes en los tramos vacíos del vuelo, una estrategia que buscaba minimizar los costos del viaje. Según Tossi, logró vender tres pasajes, lo que redujo el costo total a 3.000 dólares. Este detalle es crucial, ya que pone de relieve la posible intención de eludir ciertos controles financieros o fiscales relacionados con el viaje.
En cuanto al pago del vuelo de regreso, Tossi afirmó que se realizó en efectivo, lo que ha suscitado aún más dudas sobre la transparencia de la transacción. La testigo relató que, al recordar la deuda a Grandío, recibió la promesa de que una persona llamada “Horacio” se pondría en contacto con ella. Finalmente, fue un hombre llamado “Marcelo” quien coordinó la entrega del efectivo, lo que añade una capa más de confusión en este asunto, dado que la identidad y el papel de estos intermediarios no están claros.
Este caso no solo pone de manifiesto la necesidad de una mayor claridad en las operaciones de vuelos privados relacionados con figuras políticas, sino que también refleja cómo las relaciones entre el periodismo y el poder pueden generar situaciones de riesgo y controversia. La denuncia de Tossi y las restricciones impuestas a Grandío son un llamado a la reflexión sobre la ética en el ejercicio del periodismo y la importancia de proteger a quienes se atreven a hablar en situaciones de presión.
