Durante décadas, la Argentina convivió con una economía prácticamente sin crédito. La falta de financiamiento convirtió la compra de una vivienda y el desarrollo de una inversión en posibilidades limitadas, en gran medida, a quienes ya contaban con capital o podían acceder a líneas de tasas bajas impulsadas por el Estado. Para la mayoría, la alternativa consistía en ahorrar primero y comprar después, aunque la inflación y la pérdida sostenida de valor de la moneda muchas veces hacían que ese momento nunca llegara.
El sistema también desalentó el ahorro. En distintos períodos, las tasas que pagaban los bancos quedaron muy por debajo de la inflación, por lo que conservar el dinero dentro del sistema financiero implicaba perder capacidad de compra. Frente a ese escenario, muchos ahorristas optaron por buscar refugio en el dólar, en los inmuebles o en el consumo, antes de que sus ingresos se depreciaran.
Al mismo tiempo, se consolidó una lógica de endeudamiento basada en la expectativa de que la inflación redujera el peso real de las cuotas. Obtener una tasa subsidiada o artificialmente baja podía transformar el crédito en un beneficio, mientras que las deudas perdían valor con el paso del tiempo. Así, en lugar de una cultura que premiara el ahorro y organizara el acceso al financiamiento, se afianzaron la huida del peso y la búsqueda de la licuación de las obligaciones.
Un sistema crediticio sano exige una lógica diferente: que ahorrar vuelva a ser una decisión razonable y que el acceso al financiamiento no dependa de distorsiones que terminen castigando a quienes conservan sus recursos o premiando el endeudamiento basado en la inflación.
